Abogados de DHS solicitan en corte cerrar asilo a hispanohablantes.

Estados Unidos comenzó a redirigir los casos de asilo de solicitantes latinoamericanos hacia terceros países como Honduras y Guatemala, excluyendo a cubanos y venezolanos.

Inmigrantes latinoamericanos podrán ser enviados a Honduras y Guatemala para que soliciten asilo.

Durante los últimos meses, organizaciones como ASAP (Asylum Seeker Advocacy Project) y AILA (American Immigration Lawyers Association) han alertado sobre una nueva política migratoria que comenzó a implementarse entre septiembre y octubre de 2025. De acuerdo con sus reportes, el gobierno de Estados Unidos estaría intentando negar casos de asilo de personas hispanohablantes sin que sean escuchados por un juez, con el objetivo de deportarlos a Honduras o Guatemala, países donde serían instruidos a solicitar protección nuevamente.

Esta medida marca un cambio drástico en el sistema de asilo estadounidense, al trasladar la responsabilidad de evaluar solicitudes a terceros países considerados “seguros”, incluso cuando los solicitantes no sean nacionales de esos países.

Acuerdos con Honduras y Guatemala

En junio de 2025, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció desde Guatemala que ambos países centroamericanos habían aceptado cooperar con Estados Unidos para recibir migrantes y procesar solicitudes de refugio.

“Honduras y ahora Guatemala serán países que recibirán a esas personas y les darán estatus de refugiado”, declaró Noem. “No creemos que Estados Unidos deba ser la única opción”.

Aunque las autoridades de Guatemala y Honduras negaron haber firmado un “acuerdo de tercer país seguro” formal, sí confirmaron la existencia de acuerdos de cooperación que permiten recibir migrantes provenientes de otros países enviados por EE.UU.

En el caso de Honduras, el acuerdo —publicado en su diario oficial— se denomina “Cooperación en el Examen de las Solicitudes de Protección”, y establece que el país aceptará hasta 240 solicitantes de asilo de otras nacionalidades en dos años, con un máximo de 10 personas por mes. El documento especifica además que esta cooperación se limita a ciudadanos de países latinoamericanos de habla hispana.

Esto indica que la política se dirige específicamente a solicitantes de asilo centroamericanos y sudamericanos, como los provenientes de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador o Perú, mientras que cubanos y venezolanos quedan exceptuados, debido a razones políticas, humanitarias y diplomáticas. En Guatemala, las autoridades aclararon que su papel sería principalmente el de “punto de tránsito temporal” antes de la repatriación final de los migrantes a sus países de origen.

Todo solicitante de asilo debe asegurarse de que su caso esté bien argumentado para evitar un cierre. Un abogado especializado te guía en el proceso.

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Consecuencias para los solicitantes de asilo

La intención de esta nueva política es que los migrantes de América Latina ya no tramiten su asilo en Estados Unidos, sino en los países receptores de la región.Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta práctica vulnera el debido proceso y las obligaciones internacionales de protección.Según ASAP, solo algunos grupos quedarían exceptuados, como menores no acompañados y posiblemente personas de Cuba y Venezuela, que cuentan con mecanismos de protección distintos como el TPS (Estatus de Protección Temporal) o el parole humanitario.

Medios como AP, Reuters, Los Angeles Times y Univisión han documentado los efectos de esta política, incluyendo arrestos de solicitantes en tribunales de inmigración, cierre acelerado de casos y expulsiones inmediatas, muchas veces sin una revisión completa de los méritos del caso.Abogados de inmigración y jueces han expresado su preocupación por el impacto de estas decisiones, que dejan a miles de personas sin la oportunidad de presentar su solicitud de asilo ante un juez de inmigración.

Reacciones y desafíos legales

El gobierno estadounidense defiende esta política alegando que busca descongestionar el sistema de asilo y disuadir las entradas irregulares. Sin embargo, diversos grupos legales y de derechos civiles han presentado demandas argumentando que esta práctica viola las leyes de inmigración y los tratados internacionales de refugio.

Actualmente, algunos tribunales han bloqueado temporalmente ciertos componentes de la política, como la posibilidad de deportar sin audiencia a quienes ingresaron al país bajo programas de parole humanitario.Aun así, la práctica de desestimar casos de asilo y acelerar deportaciones continúa, bajo mayor escrutinio público y judicial.

Desde finales del verano de 2025, se ha venido implementando una orden administrativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que busca cerrar de forma expedita la mayoría de los casos de asilo de nacionales latinoamericanos, con excepción de cubanos y venezolanos.Esta política representa un giro restrictivo sin precedentes en el sistema de asilo estadounidense y ha abierto un debate profundo sobre el futuro del derecho al refugio y las obligaciones humanitarias del país.

Mientras las batallas legales siguen su curso, organizaciones como AILA y ASAP continúan monitoreando los efectos de esta medida y brindando apoyo legal a las personas afectadas.