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El Departamento de Seguridad Nacional anunció oficialmente el fin del TPS para Honduras y Nicaragua, estableciendo que el estatus expirará el 6 de septiembre de 2025. Este lunes 7 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua. Esta decisión será publicada en el Registro Federal el martes 8 de julio de 2025, estableciendo que el beneficio concluirá de manera definitiva el próximo 6 de septiembre de 2025, exactamente 60 días después de su publicación. Este anuncio llega dos días después de la fecha oficial de expiración previamente establecida para ambos países, que era el 5 de julio de 2025, según la última extensión emitida por la administración anterior. Con esta acción, el DHS cumple con la formalidad de dar aviso en el Registro Federal, pero también pone fin a una etapa prolongada de protección migratoria para miles de personas originarias de Honduras y Nicaragua que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos por décadas bajo este estatus. ¿Qué es el TPS y por qué se elimina ahora? El TPS es un programa que otorga permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países que atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Honduras y Nicaragua recibieron esta designación en 1999, tras el paso del huracán Mitch. Sin embargo, el gobierno actual argumenta que las condiciones que justificaron la protección ya no existen y que los beneficiarios deben prepararse para una salida ordenada del programa. Opciones para los beneficiarios del TPS La terminación del TPS para hondureños y nicaragüuenses implica que, a partir del 6 de septiembre de 2025, quienes estén amparados bajo este estatus ya no tendrán autorización de trabajo ni protección contra la deportación, salvo que cuenten con otra vía migratoria vigente. Algunas de las opciones disponibles para los beneficiarios que deseen permanecer legalmente en Estados Unidos incluyen: Iniciar o continuar procesos de ajuste de estatus si existe una petición familiar o laboral. Aplicar a visas humanitarias como la Visa U, VAWA o asilo, si cumplen con los requisitos. Considerar el matrimonio con un ciudadano estadounidense como vía para regularizar su situación. Es fundamental que cada persona consulte con un abogado de inmigración lo antes posible, ya que la salida del TPS no significa una deportación automática, pero sí representa un riesgo si no se toman acciones legales a tiempo. La terminación del TPS para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua marca un momento crítico para decenas de miles de familias. Es momento de actuar con información y estrategia. Buscar orientación legal profesional es la mejor herramienta para transitar este cambio y encontrar caminos viables hacia una residencia legal permanente en Estados Unidos.

La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es un derecho protegido por la Constitución desde 1868, pero una nueva orden ejecutiva busca limitar este beneficio para hijos de padres sin estatus legal permanente, generando un cambio significativo en las reglas actuales. La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es un derecho que se concede a cualquier persona que nace en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Este principio se conoce como "jus soli" , que significa "derecho de suelo" y ha sido una de las bases fundamentales del sistema de inmigración del país. Este derecho está consagrado en la XIV Enmienda de la Constitución de Estados Unidos , ratificada en 1868  tras la Guerra Civil, con el objetivo de garantizar la ciudadanía plena a los antiguos esclavos y sus descendientes. Desde entonces, este principio ha sido una pieza clave en la definición de quién es ciudadano estadounidense. La XIV Enmienda establece claramente: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residan." Esta disposición ha sido interpretada durante más de 150 años como la base legal que garantiza la ciudadanía automática a quienes nacen en suelo estadounidense. Sin embargo, la propia Constitución también contempla excepciones. Este derecho no se aplica a hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en Estados Unidos, ni a los hijos de miembros de gobiernos extranjeros que estén en el país en misiones oficiales. Estas personas no están consideradas bajo la jurisdicción total de Estados Unidos, y por ello sus hijos no adquieren la ciudadanía por nacimiento. Durante años, este derecho ha sido aprovechado por algunos extranjeros que viajan intencionalmente a Estados Unidos para dar a luz, con el objetivo de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Este fenómeno, conocido como "turismo de nacimiento" , ha generado amplios debates tanto en el ámbito político como social, especialmente en torno a las implicaciones legales, éticas y económicas de esta práctica. ¿Qué cambia con la Orden Ejecutiva para terminar el derecho de ciudadanía por nacimiento? En 2025, la administración actual emitió una orden ejecutiva que busca limitar el alcance de la ciudadanía por nacimiento en ciertos casos. Aunque esta orden enfrenta desafíos legales y su implementación completa aún está en disputa, la propuesta establece criterios específicos sobre quiénes pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos nacidos en territorio estadounidense. Por ejemplo, si un bebé nace de dos padres que no tienen estatus permanente legal  en Estados Unidos, la orden establece que no se le otorgará la ciudadanía automáticamente . Esto significa que el niño no tendría derecho a un pasaporte estadounidense ni a los beneficios federales asociados con la ciudadanía. No existe una orientación específica para el caso de que los padres no tengan un estatus legal permanente, pero cuentan con un proceso migratorio pendiente , como un caso de asilo, visa U, TPS u otros procesos de alivio migratorio. Sin embargo, se espera que el niño pueda ser incluido en el proceso de los padres o beneficiarse de futuros ajustes migratorios en caso de que el caso sea aprobado. En cambio, si uno o ambos padres son residentes permanentes legales o ciudadanos estadounidenses , el bebé sí adquirirá la ciudadanía estadounidense al nacer , manteniendo así el derecho que históricamente se ha reconocido. El hecho de que uno de los padres sea residente permanente es suficiente para que se garantice este derecho. En conclusión, la ciudadanía por nacimiento ha sido un pilar central del sistema constitucional estadounidense durante más de siglo y medio. La nueva orden ejecutiva representa un intento de modificar la interpretación de este derecho fundamental, pero su validez y aplicación enfrentan fuertes cuestionamientos legales. Es fundamental que las familias comprendan cómo su estatus migratorio puede influir en los derechos de sus hijos nacidos en Estados Unidos y busquen asesoría legal especializada para enfrentar este panorama en constante cambio.

La salida voluntaria en Estados Unidos permite a ciertos inmigrantes evitar una orden de deportación, proteger su récord migratorio y conservar la posibilidad de regresar legalmente en el futuro sin restricciones. En medio del aumento de las detenciones migratorias en Estados Unidos, una preocupación recurrente entre las personas que han sido llevadas a centros de detención es la aparición de un documento que les ofrecen firmar con la promesa de que podrán salir del país sin problemas y, además, podrán regresar legalmente en el futuro sin restricciones. Muchas personas se enfrentan a este dilema con miedo y desconfianza, ya que no comprenden exactamente lo que estarían firmando ni las implicaciones que esto podría tener para su futuro migratorio. La pregunta es clara: ¿Existe realmente un documento que te permita salir de Estados Unidos sin una orden de deportación y regresar legalmente más adelante? La respuesta es que sí, y ese documento se llama Salida Voluntaria. Qué es la Salida Voluntaria La salida voluntaria es un beneficio migratorio que permite a una persona en proceso de deportación salir de Estados Unidos por sus propios medios y dentro de un plazo determinado, evitando así que quede en su expediente una orden formal de deportación. Esto significa que la persona no está siendo expulsada por el gobierno, sino que toma la decisión de salir voluntariamente, lo cual tiene consecuencias muy diferentes desde el punto de vista legal y migratorio. Ventajas de la Salida Voluntaria Una de las grandes ventajas de la salida voluntaria es que no genera una orden de deportación en el historial de la persona. Esto es fundamental porque una deportación trae consigo prohibiciones severas para regresar a Estados Unidos, que pueden ser de cinco, diez años o incluso de manera permanente, dependiendo del caso. En cambio, al aceptar la salida voluntaria, la persona mantiene la posibilidad de regresar legalmente en el futuro a través de una petición familiar, una visa de trabajo u otra vía legal permitida. Esta opción protege el expediente migratorio de la persona y le permite no cerrar por completo las puertas a futuras oportunidades en Estados Unidos. Implicaciones y Riesgos de la Salida Voluntaria Sin embargo, la salida voluntaria también tiene implicaciones importantes. En primer lugar, la persona debe salir del país con sus propios recursos, lo que significa que debe pagar su boleto y cubrir todos los gastos relacionados con su salida. Además, es crucial cumplir con el plazo que el juez de inmigración establece. Si la persona no abandona el país dentro de ese tiempo, la salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de deportación, lo cual activa las penalidades y restricciones habituales, incluyendo multas y la prohibición de regresar durante varios años. Antes de firmar una salida voluntaria, asegúrate de haber explorado todas tus opciones legales para permanecer en Estados Unidos, ya que una vez fuera, tus posibilidades de ajustar estatus se reducen drásticamente. Tipos de Salida Voluntaria Existen dos tipos de salida voluntaria. La primera es la salida voluntaria previa a la conclusión del caso, conocida como pre-conclusión. Esta debe solicitarse antes o durante la primera audiencia ante el juez de inmigración. Es considerada la más sencilla de obtener, ya que implica que la persona reconoce no tener un estatus legal en Estados Unidos y está dispuesta a retirar cualquier otra solicitud pendiente, demostrando además que posee los recursos económicos para salir y que tiene buena conducta moral. La segunda es la salida voluntaria posterior a la conclusión del caso, o post-conclusión, que se solicita al final del proceso migratorio cuando ya se ha determinado que la persona no califica para otro tipo de alivio migratorio. Esta modalidad es más compleja, ya que requiere que la persona haya estado en Estados Unidos por lo menos un año antes de recibir el aviso de comparecencia (NTA), además de pagar una fianza mínima de 500 dólares, demostrar buena conducta moral durante al menos cinco años y tener la capacidad financiera para salir del país. Quiénes No Califican para la Salida Voluntaria Es importante destacar que no todas las personas califican para la salida voluntaria. Aquellas que han sido condenadas por delitos graves, conocidos como "aggravated felony", no son elegibles para este beneficio. Además, es necesario contar con un pasaporte vigente o un documento de viaje que demuestre que la persona puede ser admitida en su país de origen, así como presentar pruebas de arraigo, buena conducta y capacidad económica. Evaluar Antes de Firmar: ¿Es la Mejor Opción? Antes de tomar la decisión de aceptar una salida voluntaria, es fundamental que la persona analice si tiene alguna posibilidad de ajustar su estatus dentro de Estados Unidos. Esto es muy importante porque, una vez que la persona sale del país, las oportunidades para regularizar su situación migratoria se reducen considerablemente, quedando limitadas generalmente a peticiones familiares desde el exterior o solicitudes de visas de empleo, las cuales no están disponibles para todos. Por todo lo anterior, es crucial aclarar que este artículo es meramente informativo y no constituye asesoría legal. Cada caso migratorio es único, y lo que puede ser una buena opción para una persona podría no serlo para otra. Por ello, se recomienda que, antes de tomar cualquier decisión sobre su situación migratoria, consulte con un abogado especializado en inmigración que pueda ofrecerle una orientación adecuada a su caso específico.

La Corte Suprema de EE.UU. limita el alcance de las órdenes judiciales federales, pero aclara que la decisión no elimina ni modifica la ciudadanía por nacimiento protegida por la Constitución. El 27 de junio de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión significativa que limita el poder de los jueces federales para bloquear políticas del Ejecutivo a nivel nacional. Aunque esta decisión está relacionada con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, es importante destacar que el fallo no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de dicha orden . ¿Qué decidió la Corte Suprema en el caso de la ciudadanía por nacimiento? En una votación de 6 a 3, la Corte Suprema determinó que los jueces federales no pueden emitir medidas cautelares con efecto en todo el país, sino que sus decisiones deben aplicarse únicamente a las partes involucradas en el caso. Esta resolución debilita una herramienta clave que se utilizaba para frenar políticas ejecutivas a nivel nacional. ¿Qué implica esto para la ciudadanía por nacimiento? La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero de 2025, busca negar la ciudadanía automática por nacimiento a niños cuyos padres estén en el país ilegalmente o con visas temporales. Aunque esta orden fue bloqueada por varios jueces federales, la reciente decisión del Supremo permite que la orden entre en vigor parcialmente en ciertas regiones, mientras continúan los desafíos legales. Si necesitas ayuda con tu caso de inmigración, Legal en USA te ayuda a encontrar el camino correcto hacia la ciudadanía. ¿Cuál es la situación actual? La decisión de la Corte Supremo no invalida la ciudadanía por nacimiento  ni modifica la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, al limitar el alcance de las medidas cautelares, facilita la implementación de políticas ejecutivas controvertidas en partes del país, mientras se resuelven las disputas legales. Es esencial comprender que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho constitucional vigente, y cualquier cambio significativo requeriría una enmienda constitucional o una decisión directa del Tribunal Supremo sobre el fondo del asunto.

Estados Unidos firma acuerdos con Guatemala y Honduras para enviar solicitantes de asilo a esos países como terceros seguros, buscando reducir las solicitudes en territorio estadounidense. Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem participates in a Law Enforcement Roundtable with key state and local law enforcement leaders, May 16, 2025. (DHS photo by Tia Dufour/Released) En un anuncio de gran relevancia para la política migratoria de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó este jueves que Guatemala y Honduras han firmado acuerdos con el gobierno estadounidense para recibir a migrantes que buscan asilo, los cuales de otro modo solicitarían refugio en Estados Unidos. Este nuevo acuerdo, anunciado al cierre de la visita oficial de Noem a Centroamérica, expande los esfuerzos de la administración Trump para acelerar las deportaciones y ofrecer alternativas al asilo en territorio estadounidense. Según Noem, estas negociaciones llevaban meses en desarrollo bajo presión diplomática por parte del gobierno de EE.UU. hacia ambos países centroamericanos. “Honduras y ahora Guatemala serán países que recibirán a estas personas y les ofrecerán estatus de refugiados”, afirmó Noem. “Nunca hemos creído que Estados Unidos deba ser la única opción. Lo importante es que los refugiados tengan un lugar donde puedan estar seguros y protegidos del peligro que enfrentan en sus países de origen. No necesariamente debe ser en Estados Unidos.” Qué Implican Estos Acuerdos Estos acuerdos, conocidos como "país seguro o tercer país seguro", permiten que EE.UU. declare a ciertos solicitantes de asilo como inelegibles para permanecer en su territorio y, en su lugar, puedan ser enviados a Guatemala o Honduras para buscar protección allí. No es la primera vez que se implementan este tipo de acuerdos. Durante el primer mandato del expresidente Donald Trump, se firmaron acuerdos similares con Honduras, El Salvador y Guatemala. Aunque en la práctica, estos generaron controversias debido a que esos mismos países enfrentaban crisis de violencia, pobreza extrema y sistemas de asilo con recursos muy limitados. Panorama Regional: México y Otros Países Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró recientemente que México no firmará un acuerdo de tercer país seguro, aunque reconoció que, por razones humanitarias, su gobierno ha recibido a más de 5,000 migrantes de otros países deportados desde EE.UU. desde que Trump asumió nuevamente la presidencia. Por otro lado, Panamá y Costa Rica también mantienen acuerdos con Estados Unidos para aceptar migrantes de terceros países, aunque en números limitados. Solo en febrero, EE.UU. envió 299 migrantes a Panamá y menos de 200 a Costa Rica. Impacto de los Nuevos Acuerdos Estos nuevos acuerdos proporcionan al gobierno de Estados Unidos más opciones para gestionar a los migrantes que llegan, especialmente aquellos provenientes de países con los que no existen acuerdos bilaterales de repatriación directa o donde devolverlos resulta complicado. Sin embargo, persisten grandes interrogantes sobre la capacidad real de Honduras y Guatemala para brindar protección efectiva a los solicitantes de asilo, considerando que ambos países continúan enfrentando sus propios desafíos en seguridad, pobreza y falta de infraestructura en sus sistemas de asilo. Este movimiento marca una intensificación clara de la política migratoria del gobierno estadounidense, priorizando la deportación y la reubicación de solicitantes de asilo hacia terceros países. A pesar de que se presenta como una medida para ofrecer más opciones de protección a los migrantes, organizaciones de derechos humanos advierten que podría agravar las condiciones de vulnerabilidad para miles de personas que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la implementación y alcance de estos acuerdos.

La inmigración en Estados Unidos alcanza un récord histórico con 59,000 personas bajo custodia, donde casi la mitad de las detenciones de ICE son de inmigrantes sin antecedentes criminales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha alcanzado un nuevo récord en su capacidad de detención, con aproximadamente 59,000 personas bajo custodia en todo el país , según datos internos obtenidos recientemente. Esta cifra representa el número más alto registrado en la historia del sistema de detención migratoria de Estados Unidos, superando el pico anterior de 55,000 detenidos en 2019. El aumento en las detenciones se produce en el contexto de la intensificación de las políticas migratorias de la actual administración, que ha priorizado la ejecución de órdenes de arresto a nivel nacional, no solo contra personas con antecedentes penales, sino también contra quienes se encuentran en el país de manera irregular sin historial criminal. Cifras que Preocupan: Más Allá de los Criminales Según los datos oficiales, el 47% de las personas actualmente detenidas por ICE no tienen antecedentes penales , y menos del 30% han sido condenadas por algún delito. Esto contrasta significativamente con la narrativa de priorizar la deportación de personas que representan amenazas para la seguridad pública. Históricamente, las prioridades de detención se enfocaban en individuos con condenas criminales serias, amenazas a la seguridad nacional o personas que habían cruzado la frontera recientemente. Sin embargo, las cifras actuales reflejan un cambio en el enfoque, donde prácticamente cualquier persona indocumentada se convierte en objetivo de las operaciones migratorias. Detenciones de ICE sobrepasan la capacidad del sistema El informe también revela que ICE opera actualmente a más del 140% de la capacidad financiada por el Congreso , que fue establecida en 41,500 camas. Esto ha obligado a la agencia a buscar alternativas para ampliar su capacidad, incluyendo la posibilidad de utilizar bases militares como centros de detención temporales y la construcción de nuevas instalaciones, como las propuestas en el estado de Florida. El crecimiento acelerado en la población detenida está generando preocupación entre expertos y defensores de los derechos humanos. Austin Kocher, profesor e investigador del sistema migratorio en la Universidad de Syracuse, advirtió que este aumento podría afectar seriamente las condiciones dentro de los centros de detención y comprometer el debido proceso que debe garantizarse a cada detenido. Más del 70% de las personas bajo custodia fueron arrestadas en operativos realizados dentro del país, una cifra que casi duplica el 40% que se registraba al finalizar la administración anterior. Esto refleja que las detenciones no están siendo impulsadas únicamente por cruces fronterizos, sino por una estrategia interna más agresiva. Además, la administración actual ha eliminado las restricciones previas que limitaban los operativos en centros de trabajo y ha reactivado redadas en sitios como plantas procesadoras de alimentos y otros lugares de empleo, aumentando significativamente los arrestos diarios. Implicaciones Legales y Humanitarias El incremento desmedido en las detenciones plantea serias preocupaciones legales y humanitarias. La expansión de la capacidad de detención sin un aumento proporcional en recursos legales y servicios básicos puede derivar en condiciones inadecuadas, violaciones a los derechos humanos y fallas en el acceso al debido proceso. Asimismo, organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que este tipo de operativos generan un clima de miedo en las comunidades, afectando no solo a quienes se encuentran en el país sin documentos, sino también a sus familias, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. El récord alcanzado por ICE con 59,000 personas detenidas, de las cuales casi la mitad no tienen antecedentes criminales, refleja un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos. Este giro hacia la detención masiva genera profundas interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos, las prioridades de la aplicación de la ley y las verdaderas metas de las políticas migratorias actuales. Ante este panorama, es más importante que nunca que las personas conozcan sus derechos y busquen asesoría legal adecuada. Comprender el funcionamiento del sistema y actuar con información puede ser clave para enfrentar de manera efectiva los desafíos que presenta la actual política migratoria.

El matrimonio con un ciudadano estadounidense es una de las formas más comunes y efectivas para obtener la residencia legal permanente en los Estados Unidos. Sin embargo, el proceso puede ser sencillo o complejo, dependiendo de múltiples factores, como la manera en que la persona ingresó al país, si acumula presencia ilegal, y si existen antecedentes migratorios o penales. Este artículo tiene como objetivo explicar en detalle cómo es el proceso, qué requisitos existen según el tipo de entrada al país, en qué casos se necesita un perdón migratorio, qué significa tener una residencia condicional, cómo se remueven las condiciones y cómo se puede aplicar a la ciudadanía. También abordamos qué ocurre en caso de divorcio antes de completar el proceso. ¿Qué es la Residencia por Matrimonio? La residencia permanente, comúnmente conocida como “green card”, permite a una persona vivir, trabajar y viajar legalmente dentro de Estados Unidos. Cuando un ciudadano estadounidense se casa con una persona extranjera, tiene derecho a presentar una petición para que su cónyuge obtenga este beneficio migratorio. Es importante señalar que el matrimonio en sí mismo no garantiza la residencia. Debe tratarse de un matrimonio real, no celebrado con el único propósito de obtener beneficios migratorios, y debe demostrarse con evidencias ante las autoridades migratorias. Tipos de Entrada y su Impacto en el Proceso La forma en que una persona ingresó a los Estados Unidos influye directamente en cómo podrá tramitar su residencia. Existen dos situaciones comunes: Entrada Legal (Visa o Parole) Si el cónyuge extranjero ingresó con una visa válida (de turista, estudiante, trabajo, etc.) o con un permiso temporal de entrada conocido como “parole”, podrá ajustar su estatus dentro del país sin tener que salir. En estos casos, el ciudadano presenta el Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero), y el cónyuge extranjero presenta simultáneamente el Formulario I-485 (Solicitud de Ajuste de Estatus). Se incluye evidencia del matrimonio y se asiste a una entrevista con USCIS. Este proceso es favorable porque permite al solicitante quedarse en Estados Unidos durante todo el trámite y, en muchos casos, obtener un permiso de trabajo y de viaje provisional mientras se resuelve la solicitud. Entrada Ilegal (sin inspección en la frontera) Si la persona ingresó al país sin pasar por un punto de inspección oficial, es decir, cruzando la frontera sin autorización, no podrá ajustar estatus dentro del país en la mayoría de los casos. Al no tener una entrada reconocida por el gobierno, el proceso requiere salir a una entrevista consular en su país de origen. Sin embargo, esta salida puede activar un castigo migratorio si la persona ha acumulado presencia ilegal, lo que la inhabilita para reingresar legalmente sin un perdón previo. La residencia por matrimonio es un proceso ágil, pero debe hacerse con total honestidad; el fraude migratorio puede cerrarte las puertas para siempre. Un abogado puede guiarte correctamente. Castigos Migratorios y Perdones Cuando una persona ha estado en Estados Unidos de forma ilegal durante más de 180 días, al salir del país para su entrevista consular, puede recibir una penalidad de reingreso: Tres años si permaneció ilegalmente entre 180 días y un año. Diez años si estuvo ilegalmente por más de un año. En estos casos, la persona necesita un perdón migratorio para evitar la penalidad. Perdón I-601A (Presencia Ilegal) Este es un perdón provisional que se solicita dentro de Estados Unidos, antes de salir al consulado. Aplica para quienes son cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Se debe demostrar que la separación causaría un sufrimiento extremo al familiar residente o ciudadano. Al obtener este perdón, se minimiza el riesgo de quedar atrapado fuera del país tras la entrevista consular. Si el perdón no es aprobado, la persona no debe salir, ya que no tendría derecho a regresar legalmente. Otros perdones posibles Formulario I-212: se solicita cuando hay una orden de deportación previa y se desea regresar legalmente al país. Formulario I-601 (distinto del 601A): se usa para otros tipos de inadmisibilidades, como fraudes migratorios, enfermedades, antecedentes penales, entre otros. La Residencia Condicional: ¿Qué es y Qué Implica? Si el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la residencia, el gobierno otorga una residencia condicional válida por dos años. Este es un mecanismo que busca evitar matrimonios fraudulentos. Antes de que se cumplan esos dos años, la pareja debe presentar el Formulario I-751 para remover las condiciones y obtener la residencia permanente de 10 años. Requisitos para remover condiciones El matrimonio debe continuar vigente. Deben presentar evidencia que pruebe la convivencia y la vida en común durante los dos años: cuentas conjuntas, seguros, contratos de arrendamiento, hijos, viajes, fotos, etc. La solicitud debe hacerse dentro de los 90 días antes de que expire la tarjeta de residencia condicional. Si se presenta fuera de plazo, la residencia puede ser cancelada, a menos que se pueda justificar el retraso. ¿Qué Sucede en Caso de Divorcio? Si ocurre un divorcio antes de remover las condiciones de la residencia, el residente aún puede presentar el Formulario I-751 solo, solicitando una exención de la firma conjunta. Para que esta solicitud tenga éxito, debe demostrarse que: El matrimonio fue real y de buena fe, aunque terminó en divorcio. Se sufrió violencia doméstica o abuso emocional (caso cubierto por VAWA). La deportación causaría dificultades extremas. Es fundamental tener pruebas sólidas del matrimonio legítimo, ya que los casos sin evidencia convincente pueden ser negados. Aplicación a la Ciudadanía a los Tres Años Una de las grandes ventajas de obtener la residencia por matrimonio con un ciudadano estadounidense es la posibilidad de solicitar la ciudadanía después de solo tres años de residencia, en lugar de cinco. Para calificar a la naturalización en tres años, se deben cumplir estos requisitos: Seguir casado y viviendo con el ciudadano estadounidense al momento de aplicar. Haber vivido en Estados Unidos al menos 18 meses de los últimos tres años. Tener buena conducta moral y no haber cometido delitos migratorios o penales. Cumplir con los requisitos de inglés y conocimientos cívicos. Si la pareja se divorcia antes de cumplir los tres años, el residente debe esperar el plazo normal de cinco años para aplicar a la ciudadanía. El proceso para obtener la residencia permanente por matrimonio con un ciudadano estadounidense puede ser simple o muy complejo, dependiendo de factores como la forma de entrada, la presencia ilegal, y el historial migratorio de la persona. Además, la obtención de la residencia condicional implica una etapa adicional: la remoción de condiciones, que requiere evidencia sólida de la vida matrimonial. Es fundamental conocer los requisitos legales para evitar errores que puedan derivar en la negación de la residencia o incluso en un proceso de deportación. También es importante estar consciente de los derechos y beneficios que se adquieren, como la posibilidad de aplicar a la ciudadanía en un periodo reducido. Cada caso es distinto. Por eso, se recomienda siempre buscar asesoría legal especializada, especialmente si existen factores complicados como entradas ilegales, órdenes de deportación, antecedentes penales o si ya ocurrió un divorcio.

El futuro del TPS para los venezolanos sigue en manos de los tribunales, y aunque el programa fue terminado para la mayoría, cerca de 5 000 personas aún conservan su estatus. ¿Qué pasó con el TPS designado en 2023? En octubre de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración Biden redesignó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, permitiendo que miles de venezolanos aplicaran para protegerse de la deportación y acceder a un permiso de trabajo válido hasta el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, en febrero de 2025, la nueva secretaria del DHS, Kristi Noem, anuló esta redesignación alegando que se trató de una expansión “injustificada”. Esta decisión dejó a más de 340 000 venezolanos sin estatus legal, incluso después de haber recibido sus aprobaciones. Ante la cancelación masiva del TPS, una demanda fue presentada en la Corte del Distrito Norte de California. El juez federal Edward Chen intervino con una orden que bloqueó parcialmente la decisión del DHS, permitiendo que los venezolanos que recibieron sus aprobaciones antes del 5 de febrero de 2025 mantuvieran su TPS y permisos de trabajo válidos. El juez argumentó que el DHS excedió su autoridad al invalidar documentos que ya habían sido emitidos y aprobados legalmente, lo cual generaba un daño grave e irreparable para esas personas. ¿Para quién sigue siendo válido el TPS? De acuerdo con el anuncio publicado por USCIS el 30 de mayo de 2025: “Las personas venezolanas que recibieron documentos relacionados con TPS —como el formulario I-797, el I-94 o el permiso de trabajo con fecha de vencimiento al 2 de octubre de 2026— emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025, mantendrán su estatus y documentación vigente mientras el litigio continúe. En cambio, quienes recibieron estos documentos después del 5 de febrero de 2025 ya no tienen TPS.” Esto significa que solo alrededor de 5 000 venezolanos mantienen la validez de su TPS, mientras que el resto quedó sin protección, sin autorización de empleo, y con riesgo de ser puestos en procesos de deportación. Decisión del Tribunal Supremo El 19 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo de EE. UU. concedió una suspensión temporal a favor del gobierno, permitiendo que la terminación del TPS avanzara mientras se resuelve el caso en el Noveno Circuito. Esto implica que los documentos emitidos después del 5 de febrero siguen siendo considerados inválidos, hasta que se tome una decisión final. ¿Qué implicaciones tiene esto para la comunidad venezolana? Esta situación ha dejado a cientos de miles de venezolanos en una situación de extrema vulnerabilidad, a pesar de haber actuado conforme a la ley al solicitar su TPS en 2023. El caso está aún en litigio, pero mientras tanto: Solo quienes obtuvieron sus aprobaciones antes del 5 de febrero de 2025 mantienen la validez del TPS y el permiso de trabajo. Los demás deben consultar con un abogado de inmigración para evaluar opciones legales disponibles como el asilo, peticiones familiares, o solicitudes de parole humanitario. La decisión final del Noveno Circuito será determinante para el futuro del TPS para Venezuela. El TPS para venezolanos sigue siendo un tema legalmente complejo. Aunque algunos beneficiarios mantienen su validez del TPS, la mayoría han perdido su estatus. En Legal en USA , seguimos monitoreando este caso de cerca para ofrecer orientación actualizada y acompañamiento legal a quienes enfrentan esta difícil situación. Si recibiste tu aprobación de TPS antes del 5 de febrero de 2025, mantente atento y conserva toda tu documentación válida. Si no, agenda una consulta para explorar otras vías legales que podrían estar disponibles para ti.

La decisión del BIA en el caso Roque-Izada aclara que los cubanos con I220A no pueden cerrar su caso de deportación basándose en la esperanza de recibir parole; sin evidencia concreta, no califican para la Ley de Ajuste Cubano. El 20 de junio de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) emitió una decisión clave que afecta directamente a miles de cubanos que ingresaron por la frontera y fueron liberados bajo una I220A. En el caso Matter of Roque-Izada , el BIA dejó claro que una persona con este tipo de liberación no puede cerrar su caso de deportación con la simple esperanza de que USCIS le otorgue un parole humanitario en el futuro para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. ¿Qué intentaba hacer el inmigrante? Israel Enrique Roque-Izada, ciudadano cubano, fue detenido en la frontera y posteriormente liberado bajo una I220A, un documento que representa una liberación bajo supervisión, pero no un parole humanitario. En la corte, su abogado solicitó terminar el proceso de deportación para que el señor Roque pudiera aplicar a la residencia permanente ante USCIS bajo la Ley de Ajuste Cubano. El juez de inmigración aceptó la petición, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló la decisión. ¿Cuál fue el argumento del BIA para apoyar la apelación? El BIA sostuvo que: El inmigrante no había demostrado que recibió un parole válido bajo la sección 212(d)(5)(A) del INA, que es el requisito fundamental para poder beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano. La especulación de que USCIS podría otorgarle un parole en el futuro no es razón suficiente para terminar un proceso de deportación. Además, aclaró que los jueces de inmigración sí tienen jurisdicción para decidir casos de ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano, incluso si la persona no fue clasificada como “arriving alien” en su Notificación de Comparecencia (NTA). ¿Por qué esta decisión en Roque-Izada afecta a los cubanos con I220A? Muchos cubanos que cruzaron la frontera en los últimos años fueron liberados con una I-220A. Algunos abogados estaban usando una estrategia consistente en pedir que se cerraran los casos en corte, confiando en que USCIS otorgaría parole humanitario más adelante para permitir el ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano. Esta decisión bloquea esa estrategia y advierte que no se puede depender de lo que USCIS "podría hacer" en el futuro. Sin evidencia concreta de haber recibido un parole válido, la persona no es prima facie elegible para ajustar estatus y su proceso de deportación no debe ser cerrado. ¿Qué pueden hacer ahora los cubanos con I220A? Evaluar alternativas legales reales : Si no tienen un parole válido, es fundamental consultar con un abogado para explorar otras formas de alivio migratorio, como asilo, visas, peticiones familiares, etc. Evitar estrategias basadas en especulación : Esta decisión fortalece la posición de inmigración de que solo se deben cerrar casos si hay una base legal clara y comprobable para hacerlo. Buscar representación legal sólida : Navegar el sistema migratorio sin pruebas claras de elegibilidad puede llevar al cierre del caso, pero también a la reinstalación del proceso de deportación, como le ocurrió a Roque-Izada. El caso Roque-Izada  marca un precedente importante que limita las opciones de ajuste para los cubanos con I-220A. Esta decisión del BIA enfatiza la necesidad de contar con fundamentos legales sólidos y evidencia clara para buscar beneficios migratorios. En Legal en USA, estamos comprometidos a brindar orientación honesta y representación efectiva para quienes enfrentan procesos ante inmigración.

El Acta de Procedimiento Administrativo (APA) regula los plazos de respuesta de las agencias migratorias y cómo puede ayudarte a exigir una decisión cuando tu solicitud lleva demasiado tiempo pendiente. El sistema migratorio de Estados Unidos está regulado por muchas leyes, pero hay una que, aunque poco conocida por los inmigrantes, puede ser muy poderosa: el Acta de Procedimiento Administrativo, conocida en inglés como Administrative Procedure Act (APA). Esta ley no solo establece las reglas que deben seguir las agencias federales al tomar decisiones, sino que también fija límites de tiempo razonables para responder a solicitudes. Cuando una solicitud migratoria permanece pendiente mucho más allá de lo normal, el APA puede convertirse en una herramienta clave que los abogados usan para presionar al gobierno a tomar una decisión. ¿Qué es el Acta de Procedimiento Administrativo? El APA es una ley federal de 1946 que regula cómo deben actuar las agencias del gobierno federal —como USCIS, el Departamento de Estado o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— cuando procesan solicitudes, emiten reglas o toman decisiones que afectan los derechos de las personas. Uno de los principios fundamentales del APA es que todas las decisiones administrativas deben tomarse dentro de un "tiempo razonable". En otras palabras, aunque la ley no establezca un número exacto de días, las agencias no pueden dejar una solicitud olvidada indefinidamente. Si una agencia no responde dentro de un plazo justo, esa demora puede ser impugnada legalmente. ¿Cómo regula los tiempos de respuesta? El APA exige que las agencias tomen decisiones de manera oportuna, siguiendo procesos justos y transparentes. Aunque no establece plazos específicos para cada tipo de trámite, permite a los tribunales intervenir cuando una demora es irrazonable o parece injustificada. Por ejemplo, si presentaste una solicitud de residencia permanente, ciudadanía o permiso de trabajo, y ha pasado un plazo mucho mayor al estimado por USCIS, sin errores en el expediente ni solicitudes de evidencia adicionales, es posible que se esté violando el principio de razonabilidad establecido por el APA. ¡No temas reclamar tus derechos! Si tu solicitud migratoria lleva demasiado tiempo sin respuesta, la ley te respalda. Un abogado puede ayudarte para exigir una decisión justa y oportuna. ¿Cómo puede usarse en casos de inmigración? En el contexto migratorio, el APA es la base legal que permite a los abogados presentar una demanda conocida como “mandamus”  o acción por demora indebida (unreasonable delay). Esta demanda se presenta en una corte federal y le pide al juez que ordene a la agencia migratoria tomar una decisión, ya sea aprobar o negar, pero que no siga retrasándola indefinidamente. La idea no es obligar a la agencia a decidir a favor del solicitante, sino forzarla a que tome una decisión ya, cumpliendo su deber bajo la ley. Esta herramienta se ha vuelto especialmente útil en casos donde solicitudes llevan meses o incluso años pendientes, sin una razón válida. ¿Qué tipo de casos puede ayudar a resolver? El uso del APA para combatir demoras se ha aplicado en muchos tipos de trámites, entre ellos: Solicitudes de ajuste de estatus (residencia permanente) Peticiones familiares o laborales Naturalización (ciudadanía) Procesamiento consular de visas Permisos de trabajo o viaje Peticiones de asilo o TPS En todos estos escenarios, si el caso lleva mucho más tiempo del promedio y la agencia no justifica la demora, el APA permite abrir la puerta a una acción judicial para resolver el estancamiento. ¿Qué debes tener en cuenta? No todas las demoras son ilegales. Algunas solicitudes pueden tardar más si hay errores, solicitudes de evidencia pendientes, o situaciones complejas que requieren más revisión. Pero si tu caso lleva mucho más tiempo que el promedio nacional, y la agencia no ofrece ninguna explicación clara, podría tratarse de una demora irrazonable bajo el APA. Para presentar una demanda basada en el APA, es fundamental contar con un abogado de inmigración que tenga experiencia en litigios federales. No es un proceso sencillo, pero es una herramienta legal válida y cada vez más utilizada por abogados cuando las gestiones administrativas fallan o se paralizan injustificadamente. El Acta de Procedimiento Administrativo es una herramienta poderosa para proteger a los solicitantes frente a demoras excesivas por parte del gobierno. Aunque fue creada hace décadas para regular el comportamiento de todas las agencias federales, su aplicación en el ámbito migratorio ha cobrado fuerza en años recientes, especialmente ante el crecimiento de los retrasos administrativos. Si tu solicitud de inmigración lleva meses, o incluso años, sin respuesta, y crees que ya ha pasado un “tiempo razonable”, consulta con un abogado. El APA podría ser la vía legal para exigir que tu caso finalmente reciba una decisión.