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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció recientemente una medida que está generando incertidumbre y retrasos significativos en los procesos de inmigración legal para personas de 20 países adicionales, entre los cuales se encuentran Cuba y Venezuela. A partir del 1 de enero de 2026, USCIS (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) implementó una suspensión de la revisión de solicitudes migratorias pendientes para ciudadanos de estos países. La pausa afecta una amplia gama de trámites, incluyendo visas, solicitudes de residencias permanentes (green cards), ciudadanía y asilo. La decisión se dio en el contexto de una expansión de las restricciones de viaje y de inmigración que ahora cubre a 39 países bajo diversas categorías de control y prohibición. USCIS justificó la medida señalando la necesidad de asegurar que quienes ingresan o buscan permanecer en el país no representen riesgos de seguridad o incumplimientos, citando tasas de sobreestadía y presuntos fraudes como parte de las razones para la pausa. ¿Qué significa la pausa para los solicitantes? La suspensión implica que: El proceso de revisión de todas las solicitudes pendientes provenientes de estos países está detenido. USCIS planea revisar incluso casos aprobados o presentados desde 2021, lo que podría resultar en entrevistas adicionales o reconsideraciones. Esto aplica no solo a quienes están fuera de EE. UU., sino también a quienes están dentro del país actualmente esperando una decisión migratoria, incluidos procesos de ajuste de estatus, naturalización y asilo. Impacto en cubanos y venezolanos Para ciudadanos de Cuba y Venezuela, la medida puede significar retrasos impredecibles en la adjudicación de sus casos, incluso si han seguido todos los pasos legales y han presentado sus solicitudes conforme a la ley. Esto incluye procesos de reunificación familiar, visas basadas en peticiones de familiares ciudadanos estadounidenses y otros beneficios migratorios. Muchos solicitantes y sus familias se enfrentan ahora a una espera indefinida, ya que las solicitudes que estaban en revisión antes de la pausa no se están aprobando ni negando mientras está en vigor esta medida. Excepciones y próximas acciones El memorando que anunció la pausa contempla algunas excepciones limitadas, como para atletas que compiten en eventos internacionales de alto nivel. Sin embargo, en la mayoría de los casos las solicitudes continuarán pausadas hasta que USCIS complete una revisión más exhaustiva de los criterios de seguridad y cumplimiento migratorio. La medida destaca la creciente tendencia del gobierno a intensificar el escrutinio de las vías migratorias legales, una política que ha generado críticas entre abogados y defensores de inmigrantes debido al impacto negativo que tiene sobre familias que buscan reunificarse o regularizar su estatus de forma legítima. Qué dicen nuestros abogados En nuestro programa en vivo , el abogado de inmigración Eduardo Soto explicó que el llamado travel ban  no es algo nuevo. Este tipo de restricciones siempre han existido y son una herramienta que distintos gobiernos han utilizado para limitar el ingreso de extranjeros a Estados Unidos. Según el abogado Soto, las medidas actuales forman parte de una estrategia del gobierno para restringir, desalentar y generar temor en la comunidad inmigrante, incluso entre personas que están siguiendo procesos legales. También aclaró un punto clave: aunque muchas decisiones del gobierno pueden impugnarse ante cortes federales dentro de Estados Unidos, las decisiones tomadas por embajadas y consulados fuera del país casi no pueden ser revisadas por tribunales federales, debido a precedentes de la Corte Suprema que limitan ese poder. Por esta razón, llevar este tipo de decisiones a una corte federal no es, en este momento, una opción viable. Por ello, contar con asesoría legal adecuada desde el inicio es más importante que nunca, especialmente cuando se trata de procesos consulares.

El caso Maldonado Bautista v. Noem  se ha convertido en una de las decisiones judiciales más importantes de 2025 en materia de detenciones migratorias en Estados Unidos. El fallo, emitido por el Tribunal Federal del Distrito Central de California, limita de forma directa la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para someter a ciertos inmigrantes a detención obligatoria sin derecho a fianza. Esta decisión surge como respuesta a una política del DHS que buscaba reclasificar a personas arrestadas dentro del país como “solicitantes de admisión”, con el fin de justificar su detención automática bajo la sección 1225(b)(2) de la ley migratoria. La corte rechazó ese enfoque y reafirmó principios fundamentales sobre cómo deben manejarse las detenciones migratorias en el interior de Estados Unidos. ¿Qué determinó la corte en Maldonado Bautista v. Noem? En Maldonado Bautista v. Noem , el tribunal concluyó que los inmigrantes detenidos dentro del país —incluso aquellos que ingresaron sin inspección— no están sujetos a detención obligatoria, sino que deben ser detenidos bajo la sección 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto significa que estas personas sí tienen derecho a que se evalúe su liberación bajo fianza por parte de ICE y, en caso de no ser liberadas, a solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. El tribunal también anuló formalmente la guía interna del DHS de julio de 2025, al considerar que era contraria a la ley y adoptada sin seguir los procedimientos legales requeridos. Impacto del fallo en las detenciones migratorias El impacto de Maldonado Bautista v. Noem  es significativo porque frena una expansión agresiva de la detención migratoria sin revisión judicial. La decisión protege a miles de personas detenidas dentro de Estados Unidos que, bajo la política del DHS, habrían permanecido encarceladas sin posibilidad de fianza. Además, el fallo refuerza que las detenciones migratorias deben analizarse caso por caso y que el gobierno no puede utilizar guías internas para modificar décadas de interpretación legal sin cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿A quién puede beneficiar esta decisión? Esta decisión puede beneficiar a inmigrantes detenidos por ICE dentro del país que fueron clasificados erróneamente como sujetos a detención obligatoria. También puede ser relevante para personas que actualmente están detenidas sin audiencia de fianza o cuyas solicitudes de fianza fueron negadas basándose en la política ahora anulada. Cada situación es distinta, pero Maldonado Bautista v. Noem  abre la puerta a revisar detenciones migratorias, solicitar audiencias de fianza y cuestionar legalmente detenciones prolongadas sin fundamento legal. La importancia de asesoría legal en casos de detención Las detenciones migratorias son uno de los aspectos más complejos y urgentes del sistema de inmigración. Una clasificación incorrecta puede significar meses o incluso años de detención innecesaria. Decisiones como Maldonado Bautista v. Noem  demuestran que las políticas del gobierno pueden ser impugnadas y que el derecho a fianza sigue siendo una protección clave. Ante este panorama, contar con asesoría legal experimentada es fundamental. En Legal en USA (Oficinas del abogado de inmigración Eduardo Soto) contamos con más de 35 años de experiencia representando a personas detenidas y defendiendo su derecho a la libertad bajo fianza. Si usted o un familiar se encuentra en detención migratoria o fue afectado por políticas recientes del DHS, puede comunicarse con nosotros al +1 305 446 8686  para una evaluación legal. Una acción oportuna puede marcar la diferencia entre la detención prolongada y la libertad mientras su caso continúa.

Trump Gold Card El 10 de diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó oficialmente los formularios e instrucciones del programa Trump Gold Card, una nueva vía exclusiva hacia la residencia permanente creada mediante una Orden Ejecutiva. Este programa ofrece un camino acelerado hacia la green card para personas y empresas con alto poder económico, pero también conlleva riesgos legales, financieros y estratégicos significativos. Para quienes estén considerando esta opción, una cosa es clara: este no es un proceso que deba manejarse sin asesoría legal especializada. ¿Qué hace tan atractivo al programa Trump Gold Card? El programa Trump Gold Card permite a ciertos solicitantes acceder a la residencia permanente bajo las categorías EB-1 o EB-2 con Exención por Interés Nacional, en cuestión de semanas en lugar de los meses o años que suelen tomar los procesos tradicionales basados en empleo. A diferencia de otras vías migratorias, este programa prioriza la rapidez para quienes pueden realizar contribuciones financieras sustanciales a Estados Unidos. Los solicitantes deben registrarse en trumpcard.gov , pagar una tarifa no reembolsable de $15,000 por persona y presentar el Formulario I-140G en línea a través de myUSCIS. Una vez completadas las verificaciones de antecedentes, USCIS instruirá al solicitante a realizar la “donación” requerida: $1 millón por solicitante individual $2 millones para solicitantes patrocinados por empresas, más $1 millón adicional por cada familiar derivado Para familias y empresas, el compromiso financiero puede ascender a varios millones de dólares, lo que hace indispensable una planificación legal precisa. Por qué la representación legal profesional es indispensable Aunque el programa Trump Gold Card promete rapidez, se trata de un programa nuevo, no probado y jurídicamente complejo. La orientación de USCIS aún es limitada, y el proceso presenta interrogantes que solo abogados con experiencia pueden manejar adecuadamente. Entre las principales preocupaciones se encuentran: Estándares poco claros para cumplir con los requisitos EB-1 y EB-2 NIW Requisitos ambiguos y posiblemente ilegales de donación para cónyuges e hijos Amplias exigencias de divulgación financiera, incluyendo origen de fondos, patrimonio neto e historial laboral Ausencia de reembolsos o mecanismos de protección financiera si el caso es denegado Incertidumbre sobre el procesamiento consular o el ajuste de estatus dentro de EE. UU. Alta probabilidad de cambios regulatorios o impugnaciones legales Un solo error puede resultar en la denegación del caso y la pérdida irreversible de grandes sumas de dinero. Aquí es donde la asesoría legal estratégica marca la diferencia En Legal en USA (Oficinas del abogado de inmigración Eduardo Soto) contamos con más de 35 años de experiencia manejando casos migratorios complejos y de alto valor. Nuestro enfoque no es solo presentar formularios, sino: Evaluar si el Trump Gold Card es realmente la mejor opción para usted o su empresa Diseñar una estrategia que minimice riesgos y cumpla estrictamente con la ley Analizar cuidadosamente el origen de los fondos y la exposición financiera Anticipar el nivel de escrutinio de USCIS y posibles cambios normativos Ofrecer asesoría clara y realista en un entorno legal incierto Cuando están en juego millones de dólares y la residencia permanente, la experiencia sí importa. Una oportunidad exclusiva exige un socio legal con experiencia El programa Trump Gold Card se presenta como un acceso rápido a la residencia permanente, pero en la práctica es un instrumento legal complejo que requiere planificación cuidadosa y ejecución experta. No es un programa para improvisar. Si usted, su familia o su empresa están considerando esta opción, le invitamos a consultar con nuestro equipo antes de dar cualquier paso. 📞 Llámenos al +1 305 446 8686 Legal en USA – Oficinas del abogado de inmigración Eduardo SotoAsesoría migratoria confiable por más de 35 años Una decisión de este nivel merece orientación legal experta desde el inicio.

El DHS intenta cerrar casos de asilo que actualmente se encuentran pendientes ante las cortes de inmigración haciendo referencia los nuevos convenios con Ecuador y Uganda. MOTION TO PRETERMIT THE RESPONDENT’S PROTECTION APPLICATIONS Las notificaciones enviadas por el DHS se presentan generalmente bajo el título Amended Motion to Pretermit the Respondent’s Protection Applications . A través de estas mociones, el gobierno solicita a los jueces de inmigración que desestimen las solicitudes de asilo, retención de remoción y protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT) sin que se lleve a cabo una audiencia completa. En términos prácticos, esto implica que el gobierno busca cerrar el caso antes de que la persona tenga la oportunidad de testificar, explicar su historia o demostrar el temor a la persecución o al daño grave. De concederse la moción, el juez podría terminar el proceso sin una evaluación individual del fondo del caso, algo que durante años no fue la práctica común, particularmente en casos de solicitantes cubanos. La base legal: acuerdos para transferir solicitantes a terceros países El principal argumento del DHS se basa en la aplicación de los Asylum Cooperative Agreements (ACA), acuerdos firmados entre Estados Unidos y terceros países que permiten transferir solicitantes de asilo para que su solicitud de protección sea examinada fuera del territorio estadounidense. En las mociones presentadas recientemente, el DHS ha señalado acuerdos vigentes con Ecuador y Uganda, sosteniendo que las personas sujetas a estos acuerdos están legalmente impedidas de solicitar protección en Estados Unidos. Esta interpretación está siendo utilizada no solo contra venezolanos u otras nacionalidades, sino también contra cubanos, lo que marca un cambio relevante en el tratamiento de este grupo, que históricamente no enfrentaba este tipo de barreras procesales en sus casos de asilo. Las consecuencias legales y la necesidad de actuar de inmediato Si un juez concede un Motion to Pretermit , la consecuencia inmediata es que la persona queda sin un caso de asilo activo en la corte. Esto puede dar lugar a una remoción acelerada, a detención migratoria o incluso a la transferencia a un tercer país, aun cuando el solicitante no tenga vínculos familiares, culturales o legales con ese lugar. Para personas que han cumplido con todas sus comparecencias ante la corte y que esperaban una decisión basada en su testimonio, esta situación representa un riesgo serio e inesperado. Determinar si una persona está correctamente sujeta a un ACA, si el acuerdo fue aplicado conforme a la ley y si se respetaron las garantías del debido proceso requiere un análisis legal cuidadoso y una respuesta estratégica dentro de plazos estrictos. Nuestra oficina continúa evaluando activamente estos casos y representando a personas cuyos procesos de asilo están siendo cuestionados mediante Motions to Pretermit . En el contexto migratorio actual, una respuesta legal oportuna y bien fundamentada puede marcar la diferencia entre perder un caso sin audiencia o conservar el derecho a una evaluación justa ante un juez de inmigración. Si necesitas asesoría legal puedes contactarnos al +1 305 446 8686.

Ante la incertidumbre sobre el futuro del TPS, este es un momento clave para que los beneficiarios exploren opciones legales reales que les permitan avanzar hacia la residencia permanente en Estados Unidos. Bandera de El Salvador Durante más de dos décadas, decenas de miles de ciudadanos salvadoreños han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Este programa ha brindado protección frente a la deportación y autorización de empleo, pero no fue creado como una solución permanente. Certificación laboral: una vía hacia la residencia por empleo Una de las opciones más sólidas para personas con TPS es la residencia permanente basada en empleo, a través del proceso de certificación laboral (PERM). ¿En qué consiste la certificación laboral? Este proceso requiere que un empleador estadounidense demuestre ante el Departamento de Trabajo que: No existen trabajadores estadounidenses disponibles y calificados para el puesto, y La contratación del trabajador extranjero no afecta negativamente los salarios ni las condiciones laborales del mercado. Una vez aprobada la certificación, el empleador puede continuar el proceso migratorio que puede conducir a una visa EB-2 o EB-3 y, posteriormente, a la residencia permanente. Requisitos generales de la certificación laboral Entre los principales requisitos se encuentran: Oferta de empleo permanente y a tiempo completo. Cumplimiento de requisitos educativos o de experiencia. Capacidad del empleador para pagar el salario ofrecido. Historial migratorio y penal del trabajador. ¿Qué empleos califican para este proceso? No importa el tipo de trabajo que realices actualmente: los empleos que pueden calificar para una visa basada en certificación laboral pueden ir desde jardineros , trabajadores de la construcción y personal de servicios , hasta técnicos especializados , supervisores , profesionales administrativos e ingenieros , siempre y cuando exista una oferta de empleo permanente y el empleador esté dispuesto a patrocinar el proceso cumpliendo con los requisitos que exige la ley migratoria. ¿Y si no tengo una entrada legal a Estados Unidos? Uno de los mayores obstáculos históricos para muchos beneficiarios de TPS ha sido haber ingresado al país sin inspección, lo que en general puede impedir ajustar estatus dentro de Estados Unidos. El cambio clave en 2022 En julio de 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) adoptó una política que reconoce que el reingreso al país con autorización de viaje bajo TPS constituye una inspección y admisión legal, incluso si la persona ingresó originalmente sin documentos. Este cambio eliminó el efecto restrictivo del precedente administrativo conocido como Matter of Z-R-Z-C- , permitiendo que, en muchos casos, el reingreso autorizado bajo TPS se trate como una admisión. El papel del Advance Parole Gracias a esta política, una persona con TPS puede: Solicitar Advance Parole. Salir temporalmente de Estados Unidos. Reingresar de manera autorizada. En muchos casos, ese reingreso se considera la entrada legal válida, lo que puede permitir solicitar la residencia permanente sin salir nuevamente del país, siempre que se cumplan los demás requisitos legales. La importancia de revisar cada caso en particular Nuestra oficina cuenta con más de 35 años de práctica exclusiva en inmigración, incluyendo procesos de certificación laboral, visas de inversión E-2 y solicitudes de Advance Parole. Cada caso es distinto. Por eso, revisamos cada situación de forma individual, evaluando historial migratorio, laboral y personal, para determinar si existe un camino legal viable hacia la residencia permanente. Si eres salvadoreño con TPS, podemos revisar tu caso y orientarte sobre las opciones disponibles bajo la ley actual. LLámanos ahora al +1 305 446 8686

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación de todos los programas categóricos de libertad condicional de reunificación familiar (Family Reunification Parole – FRP) para personas originarias de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos. Esta decisión representa un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos y afecta a miles de familias que habían ingresado legalmente al país bajo estos programas mientras esperaban completar su proceso migratorio. El DHS ha señalado que esta medida busca eliminar lo que considera un uso indebido del parole y regresar a un sistema de evaluaciones estrictamente caso por caso, priorizando la seguridad nacional y la prevención del fraude. Como consecuencia de esta terminación, las personas que se encuentran en Estados Unidos bajo el parole FRP verán finalizado su estatus de permanencia temporal, así como revocada su autorización de empleo, salvo en situaciones específicas donde exista una solicitud de ajuste de estatus pendiente presentada dentro del plazo establecido por la agencia. Quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en el país deberán salir de Estados Unidos una vez que su parole termine. ¿Qué es el parole de reunificación familiar (FRP)? El parole de reunificación familiar fue creado como una herramienta para permitir que ciertos familiares de ciudadanos o residentes permanentes legales ingresaran a Estados Unidos de forma anticipada, mientras esperaban que una visa familiar estuviera disponible. A diferencia de una visa, el FRP no otorgaba estatus migratorio permanente, sino un permiso temporal para vivir y trabajar legalmente en el país durante el tiempo que duraba el proceso migratorio principal. Estos programas se implementaron de manera categórica por país y beneficiaron principalmente a familias de América Latina y el Caribe. Diferencia entre el parole de reunificación familiar (FRP) y el parole humanitario Es importante no confundir el parole FRP con el parole humanitario, ya que son figuras legales distintas, aunque ambas se basan en la autoridad de parole del DHS. El parole de reunificación familiar (FRP) estaba vinculado directamente a peticiones familiares ya aprobadas. Su objetivo era adelantar la reunificación de familias que ya tenían un camino legal hacia la residencia permanente, permitiéndoles esperar ese proceso dentro de Estados Unidos. El parole humanitario, en cambio, se otorgaba por razones urgentes de carácter humanitario o de beneficio público significativo, como conflictos armados, crisis políticas o emergencias humanitarias. Este tipo de parole no requería necesariamente una petición familiar previa y se concedía bajo programas más amplios, como el parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, que fue cancelado anteriormente. En resumen, el FRP estaba basado en reunificación familiar y procesos migratorios ya iniciados, mientras que el parole humanitario respondía a emergencias humanitarias y no garantizaba un camino directo hacia la residencia permanente. ¿Qué deben hacer las personas afectadas? Las personas que ingresaron bajo los programas FRP deben revisar cuidadosamente su situación migratoria actual. Aquellos que tengan una solicitud de ajuste de estatus pendiente podrían conservar su permanencia temporal hasta que se tome una decisión final. Sin embargo, quienes no tengan otro estatus o trámite activo podrían enfrentar la obligación de salir del país. Dado el impacto legal y familiar de esta decisión, buscar orientación legal a tiempo es fundamental. Cada caso es distinto, y una evaluación individual puede marcar la diferencia entre poder continuar un proceso migratorio o enfrentar consecuencias graves. Ante este nuevo escenario, contar con orientación legal confiable puede ser determinante. Si usted o un familiar se ven afectados por la terminación de los programas de reunificación familiar, le invitamos a buscar asesoría a tiempo. Puede comunicarse con nosotros al +1 305 446 8686 . Somos Legal en USA (Oficinas del abogado de inmigración Eduardo Soto) , con más de 35 años de experiencia , y estamos disponibles para evaluar su situación y acompañarle en los próximos pasos.

ICE habilita servicio online para que familiares puedan localizar a los detenidos con más de 48 horas bajo custodia. En los primeros días del nuevo gobierno, se han intensificado las redadas y detenciones de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Miles de familias han sido afectadas por estas acciones, muchas de ellas con estatus mixto, lo que ha generado gran incertidumbre y angustia. En muchos casos, los familiares desconocen el paradero de sus seres queridos detenidos y no saben cómo obtener información sobre su situación. Localizador de Detenidos de nuestra oficina Considerando la cantidad de personas que están atravesando este difícil proceso, nuestra oficina ha implementado un Sistema Interno para nuestros clientes, el cual proporciona información diaria sobre el estado de los detenidos. Para acceder a este servicio, solo es necesario disponer del Número de Alien. Ver página. Si necesita ayuda para localizar a un detenido no dude en llamarnos al +1 305 446 8686 Sistema Online de Localizador de Detenidos de ICE ICE ha puesto a disposición el " Sistema Online de Localizador de Detenidos " , una plataforma que permite a familiares y abogados buscar información sobre personas que han estado bajo custodia de ICE por más de 48 horas. Puedes visitar esta página AQUÍ . ¿Cómo funciona la herramienta de búsqueda? Para utilizar esta herramienta, es recomendable contar con el número de extranjero (Número A)  del detenido, ya que esto facilita la búsqueda. Sin embargo, si no tienes este dato, también puedes buscar utilizando información biográfica: Nombre y apellido  (deben coincidir exactamente como aparecen en los documentos oficiales). País de nacionalidad . Fecha de nacimiento . Esta plataforma proporciona información sobre el centro de detención  donde se encuentra la persona, lo que permite a sus familiares saber dónde está y tomar las medidas necesarias para brindarle apoyo legal. ¿Qué hacer después de localizar a un detenido? Si descubres que tu familiar está bajo custodia de ICE, es fundamental actuar rápidamente: Contactar a un abogado de inmigración : Un abogado especializado en inmigración podrá evaluar el caso y determinar las mejores opciones legales. Comunicarse con el centro de detención : Es importante obtener información sobre el estado del detenido y los procedimientos a seguir. Preparar documentación importante : Si la persona tiene un caso pendiente (asilo, TPS, residencia, etc.), es clave reunir todos los documentos que demuestren su proceso legal. Explorar opciones de liberación : Dependiendo del caso, puede haber alternativas como fianza de inmigración o solicitud de parole. Consulta con un abogado lo antes posible En Legal en USA, entendemos la angustia que enfrentan las familias en estos momentos difíciles. Nuestro equipo de abogados de inmigración está listo para asesorarte y brindarte el apoyo legal necesario. Llámanos al 305-446-8686 para una consulta y protege los derechos de tus seres queridos.

Estados Unidos comenzó a redirigir los casos de asilo de solicitantes latinoamericanos hacia terceros países como Honduras y Guatemala, excluyendo a cubanos y venezolanos. Inmigrantes latinoamericanos podrán ser enviados a Honduras y Guatemala para que soliciten asilo. Durante los últimos meses, organizaciones como ASAP (Asylum Seeker Advocacy Project) y AILA (American Immigration Lawyers Association) han alertado sobre una nueva política migratoria que comenzó a implementarse entre septiembre y octubre de 2025. De acuerdo con sus reportes, el gobierno de Estados Unidos estaría intentando negar casos de asilo de personas hispanohablantes sin que sean escuchados por un juez, con el objetivo de deportarlos a Honduras o Guatemala, países donde serían instruidos a solicitar protección nuevamente. Esta medida marca un cambio drástico en el sistema de asilo estadounidense, al trasladar la responsabilidad de evaluar solicitudes a terceros países considerados “seguros”, incluso cuando los solicitantes no sean nacionales de esos países. Acuerdos con Honduras y Guatemala En junio de 2025, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció desde Guatemala que ambos países centroamericanos habían aceptado cooperar con Estados Unidos para recibir migrantes y procesar solicitudes de refugio. “Honduras y ahora Guatemala serán países que recibirán a esas personas y les darán estatus de refugiado”, declaró Noem. “No creemos que Estados Unidos deba ser la única opción”. Aunque las autoridades de Guatemala y Honduras negaron haber firmado un “acuerdo de tercer país seguro” formal, sí confirmaron la existencia de acuerdos de cooperación que permiten recibir migrantes provenientes de otros países enviados por EE.UU. En el caso de Honduras, el acuerdo —publicado en su diario oficial— se denomina “Cooperación en el Examen de las Solicitudes de Protección”, y establece que el país aceptará hasta 240 solicitantes de asilo de otras nacionalidades en dos años, con un máximo de 10 personas por mes. El documento especifica además que esta cooperación se limita a ciudadanos de países latinoamericanos de habla hispana. Esto indica que la política se dirige específicamente a solicitantes de asilo centroamericanos y sudamericanos, como los provenientes de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador o Perú, mientras que cubanos y venezolanos quedan exceptuados, debido a razones políticas, humanitarias y diplomáticas. En Guatemala, las autoridades aclararon que su papel sería principalmente el de “punto de tránsito temporal” antes de la repatriación final de los migrantes a sus países de origen. Todo solicitante de asilo debe asegurarse de que su caso esté bien argumentado para evitar un cierre. Un abogado especializado te guía en el proceso. Consecuencias para los solicitantes de asilo La intención de esta nueva política es que los migrantes de América Latina ya no tramiten su asilo en Estados Unidos , sino en los países receptores de la región.Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta práctica vulnera el debido proceso y las obligaciones internacionales de protección .Según ASAP, solo algunos grupos quedarían exceptuados , como menores no acompañados  y posiblemente personas de Cuba y Venezuela , que cuentan con mecanismos de protección distintos como el TPS (Estatus de Protección Temporal)  o el parole humanitario . Medios como AP, Reuters, Los Angeles Times y Univisión  han documentado los efectos de esta política, incluyendo arrestos de solicitantes en tribunales de inmigración , cierre acelerado de casos  y expulsiones inmediatas , muchas veces sin una revisión completa de los méritos del caso.Abogados de inmigración y jueces han expresado su preocupación por el impacto de estas decisiones, que dejan a miles de personas sin la oportunidad de presentar su solicitud de asilo ante un juez de inmigración . Reacciones y desafíos legales El gobierno estadounidense defiende esta política alegando que busca descongestionar el sistema de asilo  y disuadir las entradas irregulares . Sin embargo, diversos grupos legales y de derechos civiles han presentado demandas argumentando que esta práctica viola las leyes de inmigración y los tratados internacionales de refugio . Actualmente, algunos tribunales han bloqueado temporalmente ciertos componentes  de la política, como la posibilidad de deportar sin audiencia a quienes ingresaron al país bajo programas de parole humanitario .Aun así, la práctica de desestimar casos de asilo y acelerar deportaciones continúa , bajo mayor escrutinio público y judicial. Desde finales del verano de 2025, se ha venido implementando una orden administrativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)  que busca cerrar de forma expedita la mayoría de los casos de asilo de nacionales latinoamericanos , con excepción de cubanos y venezolanos.Esta política representa un giro restrictivo sin precedentes  en el sistema de asilo estadounidense y ha abierto un debate profundo sobre el futuro del derecho al refugio y las obligaciones humanitarias del país. Mientras las batallas legales siguen su curso, organizaciones como AILA y ASAP continúan monitoreando los efectos de esta medida  y brindando apoyo legal a las personas afectadas.

La Corte Suprema de EE. UU. concedió una suspensión al fallo del juez federal Edward M. Chen. Medida que permite al Gobierno hacer efectiva la terminación del TPS-Venezuela mientras sigue la apelación en el Noveno Circuito. El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos concedió una suspensión ( stay ) de la sentencia final dictada el 5 de septiembre por el juez Edward M. Chen (Tribunal de Distrito del Norte de California) en el caso Noem v. National TPS Alliance . Con esta orden, el alto tribunal deja en pausa, de manera provisional, el fallo que había invalidado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales de Venezuela y la “vacatur” de una extensión pendiente; la suspensión opera solo respecto de Venezuela  y se mantiene mientras  se resuelve la apelación ante el Noveno Circuito y, en su caso, hasta la resolución de una eventual petición de certiorari . Si el certiorari  se deniega, la suspensión cesa automáticamente; si se concede, permanece vigente hasta la remisión del fallo definitivo de la Corte. La orden se emite en un contexto procesal con varias etapas previas. En marzo de 2025, el tribunal de distrito pospuso la efectividad de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de retirar el TPS a venezolanos; en mayo, la Corte Suprema ya había concedido una suspensión de esa medida preliminar. El 29 de agosto de 2025, el Noveno Circuito confirmó la orden preliminar del tribunal de distrito y sostuvo, entre otros puntos, que los demandantes tenían probabilidad de éxito respecto de la falta de autoridad para anular una extensión previa de TPS. El 5 de septiembre de 2025, el juez Chen dictó sentencia final a favor de los demandantes; esa sentencia es la que ahora queda suspendida por la orden del 3 de octubre. Legal en USA te ayuda a buscar la mejor solución para tu caso de inmigración Desde el punto de vista estrictamente procesal, la suspensión no resuelve el fondo del litigio. Su efecto principal es autorizar que el Gobierno ponga en vigor, de forma interina, su decisión de terminar el TPS-Venezuela mientras continúa la revisión judicial. La Corte precisó que, aunque cambió la “postura procesal” del caso, de medidas preliminares a sentencia final, los argumentos jurídicos y los perjuicios relativos “no” variaron de forma sustancial, por lo que consideró adecuado replicar el resultado de mayo. La orden consigna, además, que las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan hubieran denegado la solicitud gubernamental y que la jueza Ketanji Brown Jackson emitió un disenso escrito. En cuanto a la magnitud de la medida, coberturas periodísticas de referencia ubican el universo potencialmente afectado en más de 300 000  personas nacionales de Venezuela que habían estado amparadas por TPS. Estas notas destacan que la decisión del 3 de octubre se inscribe en la tramitación por la vía de órdenes de emergencia y que la Corte ya había intervenido en mayo en el mismo litigio. El litigio ha girado, entre otros aspectos, en torno a la secuencia administrativa que incluyó la designación de Venezuela para TPS (2021), su rediseño en 2023 y un anuncio de extensión en 2025, seguido por decisiones de la nueva titular del DHS que “vacaron” la extensión y dispusieron la terminación del estatus. La sentencia final del tribunal de distrito, ahora suspendida, había considerado ilegales esas actuaciones, mientras que el Noveno Circuito, en el estadio preliminar, entendió que existía probabilidad de éxito respecto del límite de autoridad para “vacar” una extensión previamente adoptada. La orden de la Corte Suprema no se pronuncia sobre el fondo de esos argumentos; delimita únicamente el régimen interino mientras el caso sigue su curso ante el tribunal de apelaciones. De aquí en adelante, el expediente continúa ante el Noveno Circuito. La suspensión permanecerá vigente hasta que ese tribunal dicte resolución y, de presentarse petición ante la Corte Suprema, hasta que ésta decida sobre el certiorari  y, en su caso, sobre el fondo. En suma, se trata de una medida cautelar que altera los efectos prácticos del fallo de primera instancia mientras progresa la revisión judicial, sin adelantar criterio definitivo sobre la legalidad de las decisiones administrativas impugnadas.

Reciente decisión judicial mantiene vigente el TPS para miles de venezolanos, pero este estatus es temporal y es vital buscar alternativas legales permanentes. La situación legal del Estatus de Protección Temporal (TPS) continúa en el centro del debate judicial en Estados Unidos. Una nueva decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California rechazó un recurso presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que buscaba suspender de inmediato las protecciones del TPS para miles de venezolanos. La corte fue clara: “se mantienen los efectos de la decisión del juez de distrito de California” . Esto significa que los beneficiarios del TPS conservan sus derechos mientras el litigio sigue su curso. Esta determinación se suma a la decisión previa del juez Edward Chen, quien a principios de septiembre había frenado los intentos de cancelar la protección para esta comunidad. Sin embargo, este no es el final del camino. La administración Trump ya ha presentado dos apelaciones en torno al TPS. La primera, que pedía suspender las protecciones de manera provisional, fue la que ahora quedó rechazada. La segunda, que aborda de fondo la cancelación del programa, sigue pendiente. Según los abogados, podría tardar meses en resolverse. En paralelo, en una petición de emergencia , el gobierno de Donald Trump acudió este viernes a la Corte Suprema para pedir que se ponga fin al TPS de más de 300,000 venezolanos. El Departamento de Justicia solicitó al máximo tribunal que suspenda el fallo de un juez federal en San Francisco. Este juez determinó que la terminación del TPS había sido indebida. En el escrito, el gobierno insistió en que la permanencia de más de 300,000 venezolanos en Estados Unidos es “contraria al interés nacional”. ¿Quiénes son los beneficiarios que mantienen el TPS de Venezuela en este momento? Es importante aclarar que la protección actual aplica únicamente a quienes presentaron su reinscripción a tiempo , dentro de los plazos anunciados bajo la administración de Alejandro Mayorkas. Estas personas mantienen por ahora su estatus legal y permisos de trabajo, mientras dure el litigio. En caso de que haya una decisión favorable definitiva para el programa , los beneficiarios podrían contar con TPS hasta octubre de 2026 . Sin embargo, esa extensión dependerá también de la decisión que tome el gobierno actual el próximo año respecto a la continuidad del programa. El TPS protege, pero no es permanente. Este proceso nos deja una enseñanza clara: el TPS y programas similares como el Parole Humanitario son alivios temporales, no soluciones permanentes . Aunque brindan protección y permiten trabajar legalmente en Estados Unidos, no abren un camino directo hacia la residencia permanente. Por ello, los beneficiarios deben aprovechar este tiempo de legalidad para explorar alternativas permanentes en sus casos de inmigración, ya sea a través de peticiones familiares, laborales u otras vías previstas por la ley. Alternativas Legales para el Futuro Es fundamental que los beneficiarios del TPS consideren sus opciones. La búsqueda de alternativas legales permanentes es esencial. Aquí hay algunas opciones que pueden explorar: Peticiones Familiares Las peticiones familiares son una vía común para obtener la residencia permanente. Si tienes familiares cercanos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, pueden iniciar un proceso de petición en tu nombre. Este proceso puede llevar tiempo, pero es una opción viable. Visas de Trabajo Otra alternativa es la obtención de una visa de trabajo. Existen diferentes tipos de visas que permiten a los inmigrantes trabajar en Estados Unidos. Algunas de estas visas pueden llevar a la residencia permanente. Investigar las opciones disponibles es crucial. Asilo Si has enfrentado persecución en tu país de origen, podrías considerar solicitar asilo. Este proceso puede ser complejo, pero es una opción que puede ofrecerte un estatus legal permanente en Estados Unidos. La Importancia de la Asesoría Legal Es vital contar con asesoría legal adecuada. Un abogado especializado en inmigración puede guiarte a través de las complejidades del sistema. Ellos pueden ayudarte a entender tus derechos y las mejores opciones para tu situación. Conclusión La situación del TPS para los venezolanos es incierta, pero hay esperanza. Es crucial que los beneficiarios se mantengan informados y busquen alternativas legales permanentes. No deben esperar a que la situación cambie. Aprovechar el tiempo actual puede marcar la diferencia en su futuro. Puedes dar un vistazo a este artículo para conocer las alternativas permanentes para beneficiarios del TPS.