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Juez federal protege permisos de trabajo ciertos venezolanos con TPS. No todos califican.

Juez federal bloqueó temporalmente la cancelación de permisos de trabajo y documentos migratorios para 5,000 venezolanos con TPS, argumentando que fueron emitidos legalmente y no pueden ser invalidados de forma arbitraria.

bandera de venezuela  en el cielo

Un juez federal ha emitido una decisión clave que ofrece protección temporal a unos 5,000 ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), frenando los intentos de la actual administración de Donald Trump de cancelar documentos que les permiten trabajar y residir legalmente en el país.


El fallo, emitido por el juez Edward Chen el pasado viernes, responde a una demanda presentada por la Alianza Nacional del TPS y un grupo de beneficiarios venezolanos. En la demanda, los solicitantes denunciaban que la cancelación del TPS y la invalidación de documentos por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue arbitraria, discriminatoria y violó el debido proceso legal.


La decisión judicial establece que los permisos de trabajo y otros documentos migratorios emitidos a inicios de este año, bajo una extensión aprobada por el exsecretario Alejandro Mayorkas antes de dejar el cargo, deben mantenerse vigentes. Aunque esa extensión fue posteriormente revocada por la administración actual en febrero, el juez concluyó que Noem se excedió en su autoridad al invalidar documentos ya emitidos legalmente.

Si aún no tienes estatus permanente en EE.UU., busca cuanto antes una vía legal que te ofrezca protección contra la deportación. Tener un estatus migratorio válido puede marcar la diferencia entre la estabilidad y la incertidumbre.

La decisión llega en un contexto de alta tensión para los aproximadamente 350,000 venezolanos protegidos bajo el TPS. Aunque la Corte Suprema permitió recientemente al gobierno de Trump avanzar con la cancelación general del programa, el fallo de Chen aclara que los migrantes que poseen documentos válidos —y cuya fecha de expiración indica octubre de 2026— no deben ser considerados como sujetos a deportación mientras el caso se resuelve en tribunales.


Este episodio es parte de una serie de acciones legales en curso relacionadas con el programa de TPS y los derechos de los migrantes. La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para eliminar programas de protección migratoria y aumentar las deportaciones, incluso en casos donde los propios documentos del gobierno reconocen la legalidad de la presencia de ciertos inmigrantes en el país.

El conflicto legal también ha resaltado casos como el de Kilmar Abrego García, un venezolano residente en Maryland que fue deportado erróneamente a El Salvador, reflejando los riesgos de decisiones apresuradas y fallos en los procesos migratorios actuales.



Por ahora, el fallo del juez Chen representa una victoria parcial para miles de venezolanos que enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. Sin embargo, la disputa legal continúa, y tanto el gobierno como los grupos defensores de inmigrantes seguirán enfrentándose en las cortes sobre el destino de los protegidos por el TPS.

 
 
 

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