Decisión de la Corte Suprema No Elimina la Ciudadanía por Nacimiento
- Legal en USA
- 27 jun
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La Corte Suprema de EE.UU. limita el alcance de las órdenes judiciales federales, pero aclara que la decisión no elimina ni modifica la ciudadanía por nacimiento protegida por la Constitución.
El 27 de junio de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión significativa que limita el poder de los jueces federales para bloquear políticas del Ejecutivo a nivel nacional. Aunque esta decisión está relacionada con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, es importante destacar que el fallo no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de dicha orden.
¿Qué decidió la Corte Suprema en el caso de la ciudadanía por nacimiento?
En una votación de 6 a 3, la Corte Suprema determinó que los jueces federales no pueden emitir medidas cautelares con efecto en todo el país, sino que sus decisiones deben aplicarse únicamente a las partes involucradas en el caso. Esta resolución debilita una herramienta clave que se utilizaba para frenar políticas ejecutivas a nivel nacional.
¿Qué implica esto para la ciudadanía por nacimiento?
La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero de 2025, busca negar la ciudadanía automática por nacimiento a niños cuyos padres estén en el país ilegalmente o con visas temporales. Aunque esta orden fue bloqueada por varios jueces federales, la reciente decisión del Supremo permite que la orden entre en vigor parcialmente en ciertas regiones, mientras continúan los desafíos legales.
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¿Cuál es la situación actual?
La decisión de la Corte Supremo no invalida la ciudadanía por nacimiento ni modifica la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, al limitar el alcance de las medidas cautelares, facilita la implementación de políticas ejecutivas controvertidas en partes del país, mientras se resuelven las disputas legales.
Es esencial comprender que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho constitucional vigente, y cualquier cambio significativo requeriría una enmienda constitucional o una decisión directa del Tribunal Supremo sobre el fondo del asunto.
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