Ciudad del Doral aprueba paso inicial hacia colaboración con ICE

La ciudad de Doral aprobó iniciar acuerdo con ICE, generando preocupación entre su numerosa comunidad inmigrante por el posible impacto en la confianza pública y el riesgo de deportaciones.

El Concejo de la Ciudad de Doral aprobó por unanimidad una resolución que autoriza al departamento de policía local a iniciar el proceso para colaborar con las autoridades federales de inmigración bajo el programa 287(g), una política impulsada por el gobierno federal que permite a agentes locales actuar en tareas de control migratorio. Aunque aún no se ha firmado ningún acuerdo formal, la decisión representa un giro importante en una ciudad donde más del 70% de la población es inmigrante y una tercera parte son venezolanos.

Esta medida ha despertado preocupación en la comunidad inmigrante y entre defensores de derechos civiles, quienes temen que se genere un ambiente de desconfianza hacia las autoridades locales, se afecte la cooperación ciudadana con la policía, y se exponga a personas con estatus migratorio precario a mayores riesgos de detención y deportación.

A pesar de que la resolución fue presentada como una forma de alinearse con la ley estatal de Florida, expertos legales señalan que dicha ley no obliga a las ciudades a firmar estos acuerdos, como sí lo hace con los centros de detención del condado. Incluso otras ciudades, como South Miami, han pedido aclaraciones legales al respecto.

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Durante la sesión del concejo, se evidenció la tensión entre las obligaciones legales impuestas por el estado y la preocupación moral por el impacto que esto podría tener sobre los residentes. La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reconoció que esta decisión es “moralmente desafiante” y aseguró que el departamento de policía no tiene como prioridad verificar estatus migratorios, sino servir a todos los miembros de la comunidad por igual.

El jefe de la policía de Doral, Edwin López, también recalcó que sus oficiales no están siendo entrenados ni utilizados para hacer cumplir leyes migratorias, y que el enfoque de su trabajo sigue siendo la seguridad pública. Sin embargo, admitió que, en el contexto de investigaciones criminales, el estatus migratorio podría ser un factor adicional.

Por otro lado, los residentes y activistas que se manifestaron durante la reunión señalaron que este paso abre la puerta a prácticas discriminatorias, separación familiar y posibles demandas legales. Resaltaron que este tipo de acuerdos pueden desalentar a víctimas de crímenes a reportar incidentes por temor a ser entregados a inmigración.

Muchos inmigrantes en Doral se encuentran bajo protección temporal, asilo o programas de parole, lo que los coloca en una situación migratoria frágil. Para ellos, la posible colaboración entre la policía local e ICE representa una amenaza directa a su permanencia en el país, incluso cuando aún están a la espera de respuestas a sus solicitudes de protección.

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En medio de esta situación, se añade la presión política del estado. Representantes del gobierno estatal han advertido a otras ciudades sobre sanciones si no colaboran con el cumplimiento de las leyes migratorias, lo cual influye en las decisiones locales. Asimismo, Doral solicitó recientemente más de $2 millones en fondos estatales para su departamento de policía, lo que según funcionarios podría depender de estar en “conformidad” con los lineamientos del programa 287(g).