Estados Unidos deporta a 17 venezolanos pese a la prohibición judicial
- Legal en USA
- 31 mar
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Actualizado: 10 abr
Administración Trump deportó a 17 venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, desafiando una orden judicial que prohíbe expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Este fin de semana, el gobierno de Donald Trump anunció la deportación de 17 venezolanos a El Salvador, acusados de pertenecer a pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, a pesar de que un juez federal había prohibido estas deportaciones aceleradas bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act).
El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la operación en un comunicado oficial, calificándola como una “exitosa operación antiterrorista”. Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que entre los deportados se encontraban seis presuntos violadores de menores, aunque ninguna de las autoridades presentó pruebas públicas que sustenten estas acusaciones.
Esta decisión de continuar con las expulsiones ha generado gran preocupación entre defensores de derechos civiles y abogados de inmigración, ya que pone en duda el respeto al debido proceso y al estado de derecho, elementos fundamentales del sistema legal estadounidense.
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros y cómo se está utilizando?
La Ley de Enemigos Extranjeros es una legislación aprobada en 1798 que permite al gobierno estadounidense detener o deportar a ciudadanos de países enemigos durante tiempos de guerra. Su uso más conocido fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Roosevelt la invocó para encarcelar a más de 120,000 personas de origen japonés.
Hoy, el gobierno de Trump intenta aplicar esta ley para justificar deportaciones expeditas de inmigrantes venezolanos, argumentando que grupos como el Tren de Aragua actúan como representantes del régimen de Venezuela y suponen una amenaza a la seguridad nacional.
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Cronología legal: Cómo se ha desarrollado este caso
14 de marzo de 2025
El presidente Trump firma en privado una proclamación para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, luego de que el Departamento de Estado designara al Tren de Aragua como organización terrorista. Se anuncia la intención de usar esta ley para deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanos.
15 de marzo
La ACLU y Democracy Forward presentan una demanda urgente para bloquear el uso de la ley.El juez federal James Boasberg celebra una audiencia de emergencia y ordena suspender las deportaciones bajo esta ley a las 6:45 p.m. La orden por escrito se emite a las 7:30 p.m.
Sin embargo, dos aviones con más de 250 inmigrantes acusados de pertenecer a pandillas ya habían partido y llegaron esa misma noche a Honduras, antes de continuar hacia El Salvador. La Casa Blanca sostuvo que los vuelos ya estaban en aguas internacionales al momento de la orden judicial.
16 de marzo
El gobierno salvadoreño publica videos mostrando a los detenidos siendo transferidos bajo fuerte vigilancia a una prisión de máxima seguridad.
17 de marzo
El juez Boasberg interroga al Departamento de Justicia sobre el posible desacato a su orden. La administración invoca motivos de seguridad nacional para evitar revelar más información.
19 de marzo
El zar fronterizo Tom Homan declara que el gobierno acatará la orden judicial, pero que las deportaciones continuarían por otros medios. También niega que migrantes sin vínculos con pandillas hayan sido deportados erróneamente.
26 de marzo
Una corte federal de apelaciones respalda la orden del juez Boasberg en una decisión de 2-1, manteniendo la prohibición de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
28 de marzo
El Departamento de Justicia presenta una apelación de emergencia ante la Corte Suprema solicitando retomar las deportaciones bajo la ley. Mientras tanto, el juez Boasberg extiende su orden de restricción, reafirmando que las deportaciones deben cesar.
¿Qué significa esto para la comunidad inmigrante venezolana y para el debido proceso?
Este caso marca un precedente preocupante. Aunque el gobierno tiene la autoridad para proteger la seguridad nacional, invocar una ley de guerra del siglo XVIII sin una declaración formal de guerra y sin presentar pruebas concretas representa un serio riesgo para los derechos constitucionales de los inmigrantes, en especial el derecho al debido proceso legal.
Los abogados de inmigración insisten en que nadie debería ser deportado sin la oportunidad de defenderse ante un juez, mucho menos en base a acusaciones sin pruebas.
¿Qué puedo hacer si estoy en una situación similar o temo ser afectado?
🔹 Consulta inmediatamente con un abogado de inmigración si has sido acusado injustamente o si temes que tu estatus migratorio esté en riesgo.
🔹 Si tienes cualquier contacto con la justicia criminal, no firmes nada ni te declares culpable sin que tu abogado de inmigración revise el caso.
🔹 Mantente informado y en contacto con redes locales de respuesta rápida y organizaciones de derechos civiles.
En Legal en USA estamos comprometidos con la defensa de los derechos de todos los inmigrantes. Si tú o un ser querido necesitan asesoría, contáctanos hoy mismo.
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