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El matrimonio con un ciudadano estadounidense es una de las formas más comunes y efectivas para obtener la residencia legal permanente en los Estados Unidos. Sin embargo, el proceso puede ser sencillo o complejo, dependiendo de múltiples factores, como la manera en que la persona ingresó al país, si acumula presencia ilegal, y si existen antecedentes migratorios o penales. Este artículo tiene como objetivo explicar en detalle cómo es el proceso, qué requisitos existen según el tipo de entrada al país, en qué casos se necesita un perdón migratorio, qué significa tener una residencia condicional, cómo se remueven las condiciones y cómo se puede aplicar a la ciudadanía. También abordamos qué ocurre en caso de divorcio antes de completar el proceso. ¿Qué es la Residencia por Matrimonio? La residencia permanente, comúnmente conocida como “green card”, permite a una persona vivir, trabajar y viajar legalmente dentro de Estados Unidos. Cuando un ciudadano estadounidense se casa con una persona extranjera, tiene derecho a presentar una petición para que su cónyuge obtenga este beneficio migratorio. Es importante señalar que el matrimonio en sí mismo no garantiza la residencia. Debe tratarse de un matrimonio real, no celebrado con el único propósito de obtener beneficios migratorios, y debe demostrarse con evidencias ante las autoridades migratorias. Tipos de Entrada y su Impacto en el Proceso La forma en que una persona ingresó a los Estados Unidos influye directamente en cómo podrá tramitar su residencia. Existen dos situaciones comunes: Entrada Legal (Visa o Parole) Si el cónyuge extranjero ingresó con una visa válida (de turista, estudiante, trabajo, etc.) o con un permiso temporal de entrada conocido como “parole”, podrá ajustar su estatus dentro del país sin tener que salir. En estos casos, el ciudadano presenta el Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero), y el cónyuge extranjero presenta simultáneamente el Formulario I-485 (Solicitud de Ajuste de Estatus). Se incluye evidencia del matrimonio y se asiste a una entrevista con USCIS. Este proceso es favorable porque permite al solicitante quedarse en Estados Unidos durante todo el trámite y, en muchos casos, obtener un permiso de trabajo y de viaje provisional mientras se resuelve la solicitud. Entrada Ilegal (sin inspección en la frontera) Si la persona ingresó al país sin pasar por un punto de inspección oficial, es decir, cruzando la frontera sin autorización, no podrá ajustar estatus dentro del país en la mayoría de los casos. Al no tener una entrada reconocida por el gobierno, el proceso requiere salir a una entrevista consular en su país de origen. Sin embargo, esta salida puede activar un castigo migratorio si la persona ha acumulado presencia ilegal, lo que la inhabilita para reingresar legalmente sin un perdón previo. La residencia por matrimonio es un proceso ágil, pero debe hacerse con total honestidad; el fraude migratorio puede cerrarte las puertas para siempre. Un abogado puede guiarte correctamente. Castigos Migratorios y Perdones Cuando una persona ha estado en Estados Unidos de forma ilegal durante más de 180 días, al salir del país para su entrevista consular, puede recibir una penalidad de reingreso: Tres años si permaneció ilegalmente entre 180 días y un año. Diez años si estuvo ilegalmente por más de un año. En estos casos, la persona necesita un perdón migratorio para evitar la penalidad. Perdón I-601A (Presencia Ilegal) Este es un perdón provisional que se solicita dentro de Estados Unidos, antes de salir al consulado. Aplica para quienes son cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Se debe demostrar que la separación causaría un sufrimiento extremo al familiar residente o ciudadano. Al obtener este perdón, se minimiza el riesgo de quedar atrapado fuera del país tras la entrevista consular. Si el perdón no es aprobado, la persona no debe salir, ya que no tendría derecho a regresar legalmente. Otros perdones posibles Formulario I-212: se solicita cuando hay una orden de deportación previa y se desea regresar legalmente al país. Formulario I-601 (distinto del 601A): se usa para otros tipos de inadmisibilidades, como fraudes migratorios, enfermedades, antecedentes penales, entre otros. La Residencia Condicional: ¿Qué es y Qué Implica? Si el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la residencia, el gobierno otorga una residencia condicional válida por dos años. Este es un mecanismo que busca evitar matrimonios fraudulentos. Antes de que se cumplan esos dos años, la pareja debe presentar el Formulario I-751 para remover las condiciones y obtener la residencia permanente de 10 años. Requisitos para remover condiciones El matrimonio debe continuar vigente. Deben presentar evidencia que pruebe la convivencia y la vida en común durante los dos años: cuentas conjuntas, seguros, contratos de arrendamiento, hijos, viajes, fotos, etc. La solicitud debe hacerse dentro de los 90 días antes de que expire la tarjeta de residencia condicional. Si se presenta fuera de plazo, la residencia puede ser cancelada, a menos que se pueda justificar el retraso. ¿Qué Sucede en Caso de Divorcio? Si ocurre un divorcio antes de remover las condiciones de la residencia, el residente aún puede presentar el Formulario I-751 solo, solicitando una exención de la firma conjunta. Para que esta solicitud tenga éxito, debe demostrarse que: El matrimonio fue real y de buena fe, aunque terminó en divorcio. Se sufrió violencia doméstica o abuso emocional (caso cubierto por VAWA). La deportación causaría dificultades extremas. Es fundamental tener pruebas sólidas del matrimonio legítimo, ya que los casos sin evidencia convincente pueden ser negados. Aplicación a la Ciudadanía a los Tres Años Una de las grandes ventajas de obtener la residencia por matrimonio con un ciudadano estadounidense es la posibilidad de solicitar la ciudadanía después de solo tres años de residencia, en lugar de cinco. Para calificar a la naturalización en tres años, se deben cumplir estos requisitos: Seguir casado y viviendo con el ciudadano estadounidense al momento de aplicar. Haber vivido en Estados Unidos al menos 18 meses de los últimos tres años. Tener buena conducta moral y no haber cometido delitos migratorios o penales. Cumplir con los requisitos de inglés y conocimientos cívicos. Si la pareja se divorcia antes de cumplir los tres años, el residente debe esperar el plazo normal de cinco años para aplicar a la ciudadanía. El proceso para obtener la residencia permanente por matrimonio con un ciudadano estadounidense puede ser simple o muy complejo, dependiendo de factores como la forma de entrada, la presencia ilegal, y el historial migratorio de la persona. Además, la obtención de la residencia condicional implica una etapa adicional: la remoción de condiciones, que requiere evidencia sólida de la vida matrimonial. Es fundamental conocer los requisitos legales para evitar errores que puedan derivar en la negación de la residencia o incluso en un proceso de deportación. También es importante estar consciente de los derechos y beneficios que se adquieren, como la posibilidad de aplicar a la ciudadanía en un periodo reducido. Cada caso es distinto. Por eso, se recomienda siempre buscar asesoría legal especializada, especialmente si existen factores complicados como entradas ilegales, órdenes de deportación, antecedentes penales o si ya ocurrió un divorcio.

El futuro del TPS para los venezolanos sigue en manos de los tribunales, y aunque el programa fue terminado para la mayoría, cerca de 5 000 personas aún conservan su estatus. ¿Qué pasó con el TPS designado en 2023? En octubre de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración Biden redesignó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, permitiendo que miles de venezolanos aplicaran para protegerse de la deportación y acceder a un permiso de trabajo válido hasta el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, en febrero de 2025, la nueva secretaria del DHS, Kristi Noem, anuló esta redesignación alegando que se trató de una expansión “injustificada”. Esta decisión dejó a más de 340 000 venezolanos sin estatus legal, incluso después de haber recibido sus aprobaciones. Ante la cancelación masiva del TPS, una demanda fue presentada en la Corte del Distrito Norte de California. El juez federal Edward Chen intervino con una orden que bloqueó parcialmente la decisión del DHS, permitiendo que los venezolanos que recibieron sus aprobaciones antes del 5 de febrero de 2025 mantuvieran su TPS y permisos de trabajo válidos. El juez argumentó que el DHS excedió su autoridad al invalidar documentos que ya habían sido emitidos y aprobados legalmente, lo cual generaba un daño grave e irreparable para esas personas. ¿Para quién sigue siendo válido el TPS? De acuerdo con el anuncio publicado por USCIS el 30 de mayo de 2025: “Las personas venezolanas que recibieron documentos relacionados con TPS —como el formulario I-797, el I-94 o el permiso de trabajo con fecha de vencimiento al 2 de octubre de 2026— emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025, mantendrán su estatus y documentación vigente mientras el litigio continúe. En cambio, quienes recibieron estos documentos después del 5 de febrero de 2025 ya no tienen TPS.” Esto significa que solo alrededor de 5 000 venezolanos mantienen la validez de su TPS, mientras que el resto quedó sin protección, sin autorización de empleo, y con riesgo de ser puestos en procesos de deportación. Decisión del Tribunal Supremo El 19 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo de EE. UU. concedió una suspensión temporal a favor del gobierno, permitiendo que la terminación del TPS avanzara mientras se resuelve el caso en el Noveno Circuito. Esto implica que los documentos emitidos después del 5 de febrero siguen siendo considerados inválidos, hasta que se tome una decisión final. ¿Qué implicaciones tiene esto para la comunidad venezolana? Esta situación ha dejado a cientos de miles de venezolanos en una situación de extrema vulnerabilidad, a pesar de haber actuado conforme a la ley al solicitar su TPS en 2023. El caso está aún en litigio, pero mientras tanto: Solo quienes obtuvieron sus aprobaciones antes del 5 de febrero de 2025 mantienen la validez del TPS y el permiso de trabajo. Los demás deben consultar con un abogado de inmigración para evaluar opciones legales disponibles como el asilo, peticiones familiares, o solicitudes de parole humanitario. La decisión final del Noveno Circuito será determinante para el futuro del TPS para Venezuela. El TPS para venezolanos sigue siendo un tema legalmente complejo. Aunque algunos beneficiarios mantienen su validez del TPS, la mayoría han perdido su estatus. En Legal en USA , seguimos monitoreando este caso de cerca para ofrecer orientación actualizada y acompañamiento legal a quienes enfrentan esta difícil situación. Si recibiste tu aprobación de TPS antes del 5 de febrero de 2025, mantente atento y conserva toda tu documentación válida. Si no, agenda una consulta para explorar otras vías legales que podrían estar disponibles para ti.

La decisión del BIA en el caso Roque-Izada aclara que los cubanos con I220A no pueden cerrar su caso de deportación basándose en la esperanza de recibir parole; sin evidencia concreta, no califican para la Ley de Ajuste Cubano. El 20 de junio de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) emitió una decisión clave que afecta directamente a miles de cubanos que ingresaron por la frontera y fueron liberados bajo una I220A. En el caso Matter of Roque-Izada , el BIA dejó claro que una persona con este tipo de liberación no puede cerrar su caso de deportación con la simple esperanza de que USCIS le otorgue un parole humanitario en el futuro para ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. ¿Qué intentaba hacer el inmigrante? Israel Enrique Roque-Izada, ciudadano cubano, fue detenido en la frontera y posteriormente liberado bajo una I220A, un documento que representa una liberación bajo supervisión, pero no un parole humanitario. En la corte, su abogado solicitó terminar el proceso de deportación para que el señor Roque pudiera aplicar a la residencia permanente ante USCIS bajo la Ley de Ajuste Cubano. El juez de inmigración aceptó la petición, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló la decisión. ¿Cuál fue el argumento del BIA para apoyar la apelación? El BIA sostuvo que: El inmigrante no había demostrado que recibió un parole válido bajo la sección 212(d)(5)(A) del INA, que es el requisito fundamental para poder beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano. La especulación de que USCIS podría otorgarle un parole en el futuro no es razón suficiente para terminar un proceso de deportación. Además, aclaró que los jueces de inmigración sí tienen jurisdicción para decidir casos de ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano, incluso si la persona no fue clasificada como “arriving alien” en su Notificación de Comparecencia (NTA). ¿Por qué esta decisión en Roque-Izada afecta a los cubanos con I220A? Muchos cubanos que cruzaron la frontera en los últimos años fueron liberados con una I-220A. Algunos abogados estaban usando una estrategia consistente en pedir que se cerraran los casos en corte, confiando en que USCIS otorgaría parole humanitario más adelante para permitir el ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano. Esta decisión bloquea esa estrategia y advierte que no se puede depender de lo que USCIS "podría hacer" en el futuro. Sin evidencia concreta de haber recibido un parole válido, la persona no es prima facie elegible para ajustar estatus y su proceso de deportación no debe ser cerrado. ¿Qué pueden hacer ahora los cubanos con I220A? Evaluar alternativas legales reales : Si no tienen un parole válido, es fundamental consultar con un abogado para explorar otras formas de alivio migratorio, como asilo, visas, peticiones familiares, etc. Evitar estrategias basadas en especulación : Esta decisión fortalece la posición de inmigración de que solo se deben cerrar casos si hay una base legal clara y comprobable para hacerlo. Buscar representación legal sólida : Navegar el sistema migratorio sin pruebas claras de elegibilidad puede llevar al cierre del caso, pero también a la reinstalación del proceso de deportación, como le ocurrió a Roque-Izada. El caso Roque-Izada  marca un precedente importante que limita las opciones de ajuste para los cubanos con I-220A. Esta decisión del BIA enfatiza la necesidad de contar con fundamentos legales sólidos y evidencia clara para buscar beneficios migratorios. En Legal en USA, estamos comprometidos a brindar orientación honesta y representación efectiva para quienes enfrentan procesos ante inmigración.

El Acta de Procedimiento Administrativo (APA) regula los plazos de respuesta de las agencias migratorias y cómo puede ayudarte a exigir una decisión cuando tu solicitud lleva demasiado tiempo pendiente. El sistema migratorio de Estados Unidos está regulado por muchas leyes, pero hay una que, aunque poco conocida por los inmigrantes, puede ser muy poderosa: el Acta de Procedimiento Administrativo, conocida en inglés como Administrative Procedure Act (APA). Esta ley no solo establece las reglas que deben seguir las agencias federales al tomar decisiones, sino que también fija límites de tiempo razonables para responder a solicitudes. Cuando una solicitud migratoria permanece pendiente mucho más allá de lo normal, el APA puede convertirse en una herramienta clave que los abogados usan para presionar al gobierno a tomar una decisión. ¿Qué es el Acta de Procedimiento Administrativo? El APA es una ley federal de 1946 que regula cómo deben actuar las agencias del gobierno federal —como USCIS, el Departamento de Estado o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— cuando procesan solicitudes, emiten reglas o toman decisiones que afectan los derechos de las personas. Uno de los principios fundamentales del APA es que todas las decisiones administrativas deben tomarse dentro de un "tiempo razonable". En otras palabras, aunque la ley no establezca un número exacto de días, las agencias no pueden dejar una solicitud olvidada indefinidamente. Si una agencia no responde dentro de un plazo justo, esa demora puede ser impugnada legalmente. ¿Cómo regula los tiempos de respuesta? El APA exige que las agencias tomen decisiones de manera oportuna, siguiendo procesos justos y transparentes. Aunque no establece plazos específicos para cada tipo de trámite, permite a los tribunales intervenir cuando una demora es irrazonable o parece injustificada. Por ejemplo, si presentaste una solicitud de residencia permanente, ciudadanía o permiso de trabajo, y ha pasado un plazo mucho mayor al estimado por USCIS, sin errores en el expediente ni solicitudes de evidencia adicionales, es posible que se esté violando el principio de razonabilidad establecido por el APA. ¡No temas reclamar tus derechos! Si tu solicitud migratoria lleva demasiado tiempo sin respuesta, la ley te respalda. Un abogado puede ayudarte para exigir una decisión justa y oportuna. ¿Cómo puede usarse en casos de inmigración? En el contexto migratorio, el APA es la base legal que permite a los abogados presentar una demanda conocida como “mandamus”  o acción por demora indebida (unreasonable delay). Esta demanda se presenta en una corte federal y le pide al juez que ordene a la agencia migratoria tomar una decisión, ya sea aprobar o negar, pero que no siga retrasándola indefinidamente. La idea no es obligar a la agencia a decidir a favor del solicitante, sino forzarla a que tome una decisión ya, cumpliendo su deber bajo la ley. Esta herramienta se ha vuelto especialmente útil en casos donde solicitudes llevan meses o incluso años pendientes, sin una razón válida. ¿Qué tipo de casos puede ayudar a resolver? El uso del APA para combatir demoras se ha aplicado en muchos tipos de trámites, entre ellos: Solicitudes de ajuste de estatus (residencia permanente) Peticiones familiares o laborales Naturalización (ciudadanía) Procesamiento consular de visas Permisos de trabajo o viaje Peticiones de asilo o TPS En todos estos escenarios, si el caso lleva mucho más tiempo del promedio y la agencia no justifica la demora, el APA permite abrir la puerta a una acción judicial para resolver el estancamiento. ¿Qué debes tener en cuenta? No todas las demoras son ilegales. Algunas solicitudes pueden tardar más si hay errores, solicitudes de evidencia pendientes, o situaciones complejas que requieren más revisión. Pero si tu caso lleva mucho más tiempo que el promedio nacional, y la agencia no ofrece ninguna explicación clara, podría tratarse de una demora irrazonable bajo el APA. Para presentar una demanda basada en el APA, es fundamental contar con un abogado de inmigración que tenga experiencia en litigios federales. No es un proceso sencillo, pero es una herramienta legal válida y cada vez más utilizada por abogados cuando las gestiones administrativas fallan o se paralizan injustificadamente. El Acta de Procedimiento Administrativo es una herramienta poderosa para proteger a los solicitantes frente a demoras excesivas por parte del gobierno. Aunque fue creada hace décadas para regular el comportamiento de todas las agencias federales, su aplicación en el ámbito migratorio ha cobrado fuerza en años recientes, especialmente ante el crecimiento de los retrasos administrativos. Si tu solicitud de inmigración lleva meses, o incluso años, sin respuesta, y crees que ya ha pasado un “tiempo razonable”, consulta con un abogado. El APA podría ser la vía legal para exigir que tu caso finalmente reciba una decisión.

La Sección 235 de la Ley de Inmigración regula cómo se inspecciona y procesa a quienes llegan a EE. UU. sin admisión formal, determinando si pueden ser admitidos, detenidos o expulsados. En los últimos años, miles de inmigrantes —especialmente ciudadanos cubanos— han sido liberados por las autoridades migratorias tras ingresar a Estados Unidos sin visa o sin ser formalmente admitidos. Muchos de ellos recibieron un documento llamado I-220A, sin saber que esta forma de liberación podría no estar permitida por la ley en su caso. Un reciente fallo legal, conocido como el caso Matter of Q. Li, ha puesto en duda la validez de este procedimiento y ha abierto nuevas posibilidades para quienes buscan ajustar su estatus migratorio. En este artículo te explicamos, en lenguaje sencillo pero con base legal, qué significa haber sido procesado bajo la Sección 235 de la Ley de Inmigración, por qué el I-220A podría no ser válido en ese contexto, y cómo esto puede impactar especialmente a los inmigrantes cubanos que desean solicitar la residencia permanente en Estados Unidos. ¿Qué es la Sección 235 de la INA y cuándo se aplica? La Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) regula cómo las autoridades migratorias procesan a las personas que llegan a Estados Unidos sin documentación válida o que se presentan en un puerto de entrada. Esta disposición se aplica tanto a quienes cruzan la frontera entre puertos como a quienes se entregan voluntariamente a la Patrulla Fronteriza o a oficiales de CBP buscando asilo u otra forma de protección. Según esta sección, una persona se clasifica como “extranjero que llega” y debe ser inspeccionada por un oficial de inmigración para determinar si puede ser admitida al país. Si se considera inadmisible, puede ser colocada en un proceso de deportación expedita o regular. Lo más importante es que la Sección 235 establece que si la persona va a ser liberada de custodia mientras su caso migratorio está pendiente, dicha liberación debe hacerse a través del otorgamiento de un parole, autorizado por la Sección 212(d)(5)(A) de la misma ley. No se permite ningún otro tipo de liberación bajo esta disposición. El formulario I-220A y sus limitaciones legales En muchos casos recientes, personas procesadas bajo la Sección 235 han sido liberadas mediante el uso del Formulario I-220A, también conocido como “Orden de Liberación Bajo Palabra”. Este formulario permite que las autoridades migratorias liberen a una persona sin imponerle una fianza, bajo la condición de que se presente ante ICE o ante la corte de inmigración cuando sea necesario. Sin embargo, este tipo de liberación no está autorizada por la Sección 235. En realidad, el uso del I-220A es más apropiado bajo la Sección 236 de la INA, que se aplica a personas que ya están dentro del país y que han sido detenidas por violaciones migratorias tras una investigación o arresto. Debido a que la Sección 235 no autoriza la liberación bajo palabra, quienes fueron liberados con un I-220A mientras estaban bajo esta sección posiblemente fueron liberados sin base legal adecuada. Aunque físicamente se encuentran en EE.UU., su estatus legal sigue siendo el de “extranjero que llega”, sin haber sido admitido ni beneficiado con un parole. El impacto del caso Matter of Q. Li En el caso clave Matter of Q. Li , decidido en 2022 por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), se aclaró la distinción legal entre las personas procesadas bajo la Sección 235 y aquellas bajo la Sección 236. La BIA determinó que si alguien es detenido por autoridades migratorias sin una orden judicial, por ejemplo, tras cruzar la frontera o entregarse, debe ser procesado bajo la Sección 235. La Sección 236, que sí permite liberación bajo palabra o con fianza, no aplica en estos casos. Esta aclaración es de gran relevancia, ya que, como se explicó anteriormente, la Sección 235 solo permite la liberación mediante parole. Por lo tanto, si alguien en esta situación fue liberado mediante un I-220A, esa liberación no se ajusta a lo que permite la ley. Esa persona permanece clasificada como “extranjero que llega” y no puede beneficiarse de ciertos alivios migratorios debido a la forma en que fue liberada. ¿Qué significa esto para los ciudadanos cubanos? Para los ciudadanos cubanos, las implicaciones del caso Matter of Q. Li  son especialmente relevantes. La Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés) permite a los cubanos solicitar la residencia permanente legal tras haber estado en Estados Unidos durante un año, siempre y cuando hayan sido admitidos o beneficiados con un parole. Sin embargo, los cubanos que fueron procesados bajo la Sección 235 y luego liberados mediante un I-220A se enfrentan a obstáculos importantes, ya que este formulario no se considera un parole y no cumple con los requisitos exigidos por la CAA. Como resultado, muchos cubanos han sido informados incorrectamente de que no califican para ajustar su estatus migratorio. No obstante, si se aplica correctamente el razonamiento del caso Matter of Q. Li , puede argumentarse que el gobierno utilizó el procedimiento legal incorrecto al emitir un I-220A en lugar de otorgar un parole. Dado que la Sección 235 no permite la liberación bajo palabra, estas personas debieron haber recibido un parole. Algunos abogados están presentando argumentos legales solicitando que las liberaciones con I-220A sean reclasificadas como parole, lo cual podría abrir el camino a miles de cubanos para solicitar su residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. ¿Qué debes hacer ahora? Si eres ciudadano cubano, entraste a Estados Unidos sin visa y fuiste liberado con un I-220A, es importante actuar con prontitud. Es posible que tu caso haya sido manejado incorrectamente desde el principio, y podrías calificar para beneficios migratorios que antes se te habían negado. El primer paso debe ser consultar con un abogado de inmigración con experiencia, que conozca el impacto del caso Matter of Q. Li  y cómo aplicarlo a tu situación. También es fundamental guardar todos los documentos relacionados con tu entrada y tu liberación —incluyendo el I-220A, la Notificación de Comparecencia (NTA), los registros de citas con ICE y cualquier otra correspondencia oficial—, ya que pueden ser clave para evaluar una posible moción para reabrir o reconsiderar tu caso. La decisión en Matter of Q. Li  ha puesto en evidencia un problema generalizado en la manera en que se han procesado y liberado inmigrantes en los últimos años. Para quienes fueron procesados bajo la Sección 235 —en especial los ciudadanos cubanos—, esta decisión puede significar una nueva oportunidad legal  que antes parecía cerrada. Si fuiste liberado con un I-220A, es posible que tu caso amerite una segunda revisión, e incluso una estrategia legal diferente que te permita calificar para un parole retroactivo y así solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Como ocurre en todos los asuntos migratorios, el tiempo y la documentación son factores cruciales . Mientras más rápido actúes, más opciones podrían estar disponibles para ti. Consulta siempre con un abogado calificado antes de tomar decisiones legales, pero ten presente que sí existen caminos —especialmente ahora— para corregir errores y avanzar hacia una situación migratoria más estable.

DHS ha comenzado a notificar a los beneficiarios del parole humanitario que su estatus ha sido terminado y sus permisos de trabajo revocados, tras la decisión de la Corte Suprema. En las últimas horas, miles de beneficiarios del parole humanitario  para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ( CHNV ) han comenzado a recibir correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)  notificándoles la revocación inmediata de su estatus de parole humanitario . Esta acción es consecuencia directa de la decisión tomada por la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado 30 de mayo , que autorizó al gobierno a eliminar el programa de parole humanitario mientras el caso continúa su curso en tribunales inferiores. Ahora, DHS ha comenzado a implementar esa decisión enviando avisos oficiales a quienes se beneficiaron del programa. ¿Qué dice la notificación de DHS? El aviso de "Notice of Termination of Parole"  informa a los beneficiarios que su parole, otorgado bajo los programas CHNV, queda oficialmente terminado  a partir de la fecha del aviso. Esto incluye también la revocación automática del permiso de trabajo  (Employment Authorization Document - EAD) que se había emitido basado en el parole. Además, el documento indica que, tras la terminación del parole, las personas que no hayan obtenido otro estatus legal podrían estar sujetas a deportación expedita  bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. DHS ofrece incluso la posibilidad de que el gobierno pague el boleto de salida  del país y proporcione un bono de $1,000  a quienes opten por salir de manera voluntaria. El mensaje es claro: si no se ha obtenido una base legal distinta para permanecer en Estados Unidos , como el asilo o la residencia, las personas corren el riesgo de ser objeto de acciones de control migratorio, incluida la deportación. ¿Qué deben saber los beneficiarios del parole humanitario tras el aviso de revocación? Es fundamental, ante todo, no entrar en pánico . Recibir esta notificación es sin duda inquietante, pero no todo el mundo está en la misma situación ni enfrenta el mismo nivel de riesgo. Muchos de los beneficiarios del parole humanitario ya han iniciado otros procesos migratorios  que les ofrecen una vía para regularizar su estatus en el país. Por ejemplo, hay cubanos que ya han presentado su solicitud de ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano ; otras personas han presentado solicitudes de asilo , lo cual les brinda protección temporal y les permite permanecer en Estados Unidos mientras su caso se procesa. En estos casos, si usted ya tiene un proceso pendiente y ha presentado su solicitud adecuadamente, es importante seguir las instrucciones de su abogado y mantenerse informado , pero no asumir automáticamente que se encuentra en riesgo inmediato de deportación. Tener una solicitud en trámite es una diferencia importante frente a aquellos que no han iniciado ningún otro proceso. Para quienes aún no han tomado acción y se encuentran únicamente bajo el estatus de parole, este es el momento de buscar asesoría legal  cuanto antes para explorar las opciones que puedan estar disponibles en su caso particular. No es momento para quedarse inactivo o esperar que la situación cambie por sí sola. Queremos subrayar que esta notificación de DHS no significa que todos los beneficiarios del parole serán deportados automáticamente. Cada caso es distinto. Muchas personas ya tienen una vía legal para ajustar su estatus o solicitar protección. Para quienes no la tienen, hay todavía caminos que se pueden explorar, pero el tiempo es clave. Si usted o un familiar ha recibido esta notificación, lo primero es informarse bien, evitar actuar impulsivamente y buscar orientación profesional . La información y la acción a tiempo son las mejores herramientas para afrontar este nuevo escenario. En Legal en USA , estamos comprometidos a brindar la información más clara y actualizada sobre este tema. Si necesita orientación o desea saber qué opciones pueden existir en su caso, puede comunicarse con nuestra oficina para recibir una evaluación personalizada.

USCIS ha actualizado su política sobre el Formulario I-693, estableciendo que los exámenes médicos solo serán válidos mientras la solicitud migratoria asociada esté pendiente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS ) ha publicado una actualización importante en su política sobre la validez del Formulario I-693 , el examen médico y de vacunación requerido para la residencia permanente . Esta nueva regla, que entra en vigor de inmediato desde el 11 de junio de 2025, establece cambios clave que deben ser entendidos por todos los solicitantes de ajuste de estatus y sus representantes legales. Hasta ahora, las normas vigentes permitían que un Formulario I-693 firmado por un cirujano civil a partir del 1 de noviembre de 2023 tuviera una validez indefinida, lo cual permitía reutilizar este documento en futuras solicitudes de inmigración. Sin embargo, tras una revisión de su impacto en la salud pública, USCIS ha determinado que esta práctica podría generar riesgos. Por ejemplo, podría permitir el uso de resultados médicos desactualizados o de exámenes en los que no se haya hecho el seguimiento adecuado a condiciones como la tuberculosis. Con la nueva política, el Formulario I-693 será válido únicamente durante el tiempo en que la solicitud migratoria a la que se adjunta esté pendiente . En otras palabras, el examen médico estará ligado directamente a la aplicación en trámite. Si esa aplicación es denegada o retirada, el Formulario I-693 presentado ya no será válido para futuros procesos. Si el solicitante desea iniciar una nueva solicitud de inmigración que requiera este examen, deberá someterse nuevamente a un examen médico actualizado y presentar un nuevo Formulario I-693. Asegúrate de presentar tu solicitud de residencia permanente junto con el examen médico completo, ya que no hacerlo podría resultar en la negación de tu caso bajo la nueva política de USCIS. Este cambio busca garantizar que los resultados médicos que revisan los oficiales de inmigración sean siempre recientes, reflejen con precisión la condición médica actual del solicitante y que no existan vacíos en el seguimiento de enfermedades que puedan representar un riesgo para la salud pública. Además, USCIS recuerda que desde diciembre de 2024 ya se había implementado un requisito adicional: los solicitantes de residencia permanente deben presentar el Formulario I-693 al mismo tiempo que presentan su Formulario I-485 (solicitud de ajuste de estatus). Esto se hace con el fin de agilizar los procesos y reducir la necesidad de solicitar pruebas adicionales (Request for Evidence - RFE) durante la evaluación del caso. Es importante tener en cuenta que este cambio no afecta a las personas que ya han obtenido su residencia permanente, ya que estas no necesitan volver a presentar el Formulario I-693 en futuros trámites, como la solicitud de naturalización. En resumen, esta actualización garantiza que los exámenes médicos utilizados en los procesos migratorios estén siempre actualizados y asociados a un caso específico en trámite, fortaleciendo así las protecciones de salud pública. Si estás por iniciar tu proceso de ajuste de estatus o si tu solicitud fue rechazada y planeas volver a aplicar, consulta con un abogado de inmigración para asegurarte de cumplir con estos nuevos requisitos y evitar contratiempos. En Legal en USA  estamos listos para ayudarte a entender cómo este cambio puede impactar tu caso y para guiarte en todo el proceso.

La Corte Suprema autorizó al gobierno de Trump a eliminar el parole humanitario que protegía a migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, exponiéndolos al riesgo de deportación. La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión que podría tener un profundo impacto en la vida de más de medio millón de inmigrantes. El tribunal dio luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para revocar el estatus legal que había protegido a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití bajo el programa conocido como parole humanitario. Este programa, implementado durante la administración de Joe Biden, permitió que aproximadamente 532,000 personas ingresaran legalmente a Estados Unidos. El parole humanitario se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al secretario de Seguridad Nacional la facultad de permitir la entrada temporal a ciertos extranjeros por razones humanitarias urgentes o por beneficio público significativo, aun cuando no reúnan los requisitos para obtener una visa. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema de este viernes revoca una orden judicial previa que había impedido al gobierno eliminar el programa. A partir de ahora, quienes estaban protegidos por el parole humanitario quedan expuestos al riesgo de ser detenidos y deportados. La decisión fue dividida. Las magistradas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, integrantes del ala liberal de la Corte, expresaron su desacuerdo. En su opinión, la jueza Jackson advirtió que esta medida "deja en el olvido las vidas de medio millón de migrantes a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus demandas legales". Beneficiarios de Parole Humanitario, es fundamental buscar asesoría legal lo antes posible para explorar vías que te permitan regularizar tu estatus, ante el riesgo creciente de que el programa sea eliminado definitivamente. El contexto de esta decisión se remonta a una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el mismo día de su toma de posesión, en la que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a eliminar los programas de parole. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, oficializó el fin del parole humanitario. La decisión de eliminar este programa provocó demandas por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Argumentan que las personas afectadas por esta medida enfrentan "serios riesgos, persecución e incluso la muerte" si son deportadas a sus países de origen, marcados por la crisis humanitaria, violencia o inestabilidad política. Este fallo llega apenas semanas después de que la Corte Suprema también autorizara al gobierno de Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 inmigrantes venezolanos que viven y trabajan actualmente en Estados Unidos. En resumen, la decisión del máximo tribunal abre la puerta a que el gobierno avance en su plan de eliminar el parole humanitario, dejando en una situación de gran vulnerabilidad legal y humanitaria a cientos de miles de personas que hasta ahora contaban con esta protección. Es importante aclarar que esta decisión de la Corte Suprema se refiere a la posibilidad del gobierno de eliminar el programa como tal. No interfiere con la orden reciente de la jueza Indira Talwani que ordenó a USCIS retomar el procesamiento de solicitudes de residencia y permisos de trabajo para quienes ya ingresaron a EE.UU. bajo parole humanitario. Por tanto, quienes ya se encuentran en el país pueden continuar con sus trámites en curso mientras el litigio general sobre el programa continúa. Para quienes se encuentran bajo parole humanitario, este es un momento crítico para buscar asesoría legal especializada, conocer sus derechos y evaluar sus opciones para proteger su estatus migratorio en este contexto de cambios constantes en las políticas de inmigración.

USCIS reanudará el procesamiento de solicitudes de inmigración para personas que ya ingresaron bajo parole humanitario, permitiendo avanzar en trámites clave como residencia permanente y permisos de trabajo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que reactivará el procesamiento de solicitudes migratorias para las personas que ya se encuentran en el país bajo programas de parole humanitario. Esta decisión se produce tras una orden judicial emitida por una corte federal el pasado 6 de junio de 2025, la cual obliga a la agencia a retomar estos trámites que se encontraban detenidos en los últimos meses. La noticia representa un gran alivio para miles de inmigrantes que ya habían sido admitidos en territorio estadounidense bajo este programa, el cual fue impulsado originalmente durante la administración del presidente Joe Biden. La orden judicial exige que USCIS continúe tramitando los casos pendientes de quienes ya ingresaron con parole humanitario, permitiendo así que sus procesos migratorios puedan avanzar nuevamente. Entre los procesos que se reactivarán están las solicitudes de residencia permanente, que en el caso de muchos cubanos se presentan a través de la Ley de Ajuste Cubano tras cumplir más de un año y un día de presencia continua en Estados Unidos. Además, también se retomarán las solicitudes de autorización de empleo, lo que permitirá que estas personas puedan renovar o solicitar su permiso de trabajo, un documento fundamental para su estabilidad laboral y económica mientras resuelven su situación migratoria. Asimismo, otros trámites relacionados con su estatus derivado del parole también podrán ser gestionados nuevamente. Esta orden no afecta la decisión de la Corte Suprema sobre la suspensión del programa de parole; solo aplica a los trámites de quienes ya están en EE.UU. Es importante aclarar que esta decisión aplica únicamente a las personas que ya se encuentran en el país y que ingresaron con el parole aprobado. Es decir, esta reactivación no afecta las solicitudes de parole que aún están pendientes y que no llegaron a ser aprobadas antes de la suspensión del programa. Aquellas personas que presentaron su solicitud pero que aún no recibieron respuesta o autorización para viajar deberán esperar nuevas actualizaciones oficiales, ya que por el momento esas solicitudes no están contempladas en la orden judicial. Para las personas que sí se beneficiarán de esta reactivación, el anuncio marca un paso clave hacia la regularización de su estatus en Estados Unidos. Poder avanzar con la solicitud de residencia permanente es esencial para quienes buscan establecerse de manera definitiva en el país, ya que obtener la green card brinda no solo estabilidad legal sino también acceso a derechos y beneficios a largo plazo. Asimismo, la posibilidad de tramitar permisos de trabajo les permitirá continuar participando en la vida económica del país sin interrupciones, lo cual es especialmente importante para quienes han construido una vida aquí desde su llegada. Es fundamental destacar que la orden judicial garantiza únicamente que USCIS continúe procesando estos trámites; no modifica ni suspende la política migratoria general vigente. Por ello, es más importante que nunca que quienes se encuentren en esta situación busquen asesoría legal especializada. Cada caso es diferente y requiere una estrategia adecuada para asegurar que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y completa. En conclusión, la reanudación del procesamiento de casos para beneficiarios de parole humanitario representa un avance importante para miles de personas que estaban a la espera de poder consolidar su estatus en el país. Aunque el panorama migratorio sigue siendo complejo y sujeto a cambios, este paso permite a muchos inmigrantes continuar construyendo su futuro en Estados Unidos con mayor seguridad jurídica. Si usted o algún familiar ingresó al país bajo parole humanitario y desea conocer cómo esta medida puede beneficiarlo o qué pasos debe seguir en su caso, en Legal en USA estamos listos para brindarle la orientación que necesita. Puede comunicarse con nosotros al 305-446-8686 para recibir asesoría legal personalizada.

ICE está realizando arrestos fuera de las cortes de inmigración tras el cierre de casos; es clave que la comunidad conozca sus derechos y se prepare antes de asistir a una audiencia. Las comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos deben estar informadas sobre cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está llevando a cabo arrestos en o cerca de las cortes de inmigración . Aunque existe una política oficial que regula estas acciones, es importante comprender cómo se están aplicando en la práctica para poder estar preparados y ejercer los derechos correspondientes. Este artículo tiene un propósito puramente informativo  y se basa en el documento oficial ICE Policy Memorandum 11072.4, Civil Immigration Enforcement Actions In or Near Courthouses , compartido por la American Immigration Lawyers Association (AILA)  el 4 de junio de 2025 ( AILA Doc. No. 25060401 ). ¿Qué establece la política de ICE ? ICE cuenta con directrices formales que autorizan a sus oficiales a realizar acciones de control migratorio civil  en o cerca de los tribunales, pero bajo ciertas condiciones. Según esta política: ICE prioriza las acciones de control contra personas que representan una amenaza para la seguridad pública , en especial aquellas vinculadas a actividades delictivas. Los arrestos dentro de las cortes deben evitarse siempre que sea posible . ICE da preferencia a realizar arrestos en áreas no públicas  dentro del edificio o en espacios públicos fuera de la corte . La política reconoce el carácter sensible de los entornos judiciales y establece que las acciones de ICE no deben interferir con el proceso judicial . ¿Qué está ocurriendo en la práctica? A pesar de estas pautas, los reportes recientes indican que: ICE mantiene presencia en las afueras de numerosas cortes de inmigración  en todo el país, y en muchos casos espera a que las personas salgan de sus audiencias para proceder con su detención. Se están realizando arrestos inmediatamente después de que un caso es cerrado o desestimado , especialmente cuando el gobierno ha solicitado el cierre y la corte ya no tiene jurisdicción sobre el individuo. Estos arrestos suelen ocurrir en espacios públicos justo a la salida de las cortes, donde las personas ya no están bajo la protección del tribunal . Este tipo de estrategia resulta especialmente riesgosa para inmigrantes que hayan ingresado sin inspección , o para quienes hayan ingresado con parole humanitario  y cuyo estatus ya haya sido cancelado o vencido, quedando expuestos a la remoción expedita  (deportación rápida sin una audiencia adicional ante un juez). Si usted tiene una audiencia próxima en la corte o desea proteger su situación migratoria, le recomendamos buscar asesoría legal especializada y conocer a fondo sus derechos. ¿Qué deben saber las personas con audiencias en corte? Si usted, o alguien que conoce, tiene programada una audiencia en la corte de inmigración , es importante que tome las siguientes precauciones: Esté consciente de que ICE podría estar presente fuera de la corte  y planifique su asistencia teniendo esto en cuenta. Conozca sus derechos: usted no está obligado a responder preguntas adicionales de agentes de ICE  fuera de lo que la ley le exige. Siempre que sea posible, acuda a la corte acompañado de un abogado de inmigración  o un defensor legal. Si bien un abogado no puede impedir un arresto fuera de la corte, sí puede documentar cualquier posible abuso de autoridad  o violación de derechos. Lleve consigo documentos que puedan demostrar que ha vivido en EE.UU. de manera continua por al menos dos años , si corresponde a su caso, lo que podría protegerle frente a una remoción expedita. Aunque la política oficial de ICE establece limitaciones para los arrestos en las cortes de inmigración, la realidad actual muestra un aumento en la presencia de sus agentes en estos entornos . Por ello, es más importante que nunca que las comunidades inmigrantes se mantengan informadas, preparadas y en contacto con profesionales legales confiables.