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USCIS confirmó la extensión automática del TPS y permisos de trabajo para hondureños y nicaragüenses hasta el 18 de noviembre de 2025. El 4 de agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualizó su página oficial para confirmar la extensión automática del Estatus de Protección Temporal (TPS)  para Honduras y Nicaragua hasta el 18 de noviembre de 2025 , por decisión de una jueza federal. Esta decisión también implica que los permisos de trabajo (EAD) de los beneficiarios de TPS  de estos países se extienden automáticamente  hasta esa misma fecha, independientemente de la fecha de vencimiento que aparece en la tarjeta física del EAD . ¿Qué significa esta extensión automática del TPS para los trabajadores bajo esta categoría? Para los hondureños y nicaragüenses que cuentan con TPS y cuyo permiso de trabajo ya venció o está a punto de vencer, esta es una excelente noticia. Gracias a esta extensión automática: Pueden seguir trabajando legalmente en los Estados Unidos hasta el 18 de noviembre de 2025. No es necesario solicitar una nueva tarjeta EAD por el momento  para demostrar autorización de empleo, mientras USCIS no publique lo contrario. Es recomendable que los trabajadores impriman la página oficial de USCIS  que confirma esta extensión y la presenten a su empleador como respaldo. Si usted o su empleador tienen dudas sobre el estatus del permiso de trabajo , comunícate con un especialista en inmgiración para recibir la orientación correcta. ¿Y qué deben hacer los empleadores? Los empleadores también deben prestar atención a esta actualización, ya que afecta directamente sus obligaciones bajo el cumplimiento del Formulario I-9 y el sistema E-Verify. Esto es lo que deben tener en cuenta: Los EAD con códigos de categoría A12 o C19 , emitidos a beneficiarios del TPS de Honduras o Nicaragua, son válidos automáticamente hasta el 18 de noviembre de 2025 . Los empleadores deben reverificar el Formulario I-9  del trabajador oportunamente, y adjuntar una copia impresa de la página de USCIS  que confirma la extensión automática. Si algún trabajador fue despedido recientemente por tener el permiso de trabajo vencido, puede ser elegible para recontratación inmediata  bajo esta nueva extensión. Los empleadores inscritos en E-Verify deben ejecutar los "Change of Status Reports"  para reflejar la extensión automática. Como buena práctica, los empleadores y sus representantes legales deben guardar un PDF o impresión del sitio oficial de USCIS , incluyendo la fecha, como prueba del fundamento legal utilizado al completar los formularios. Consulta directamente las páginas oficiales de USCIS para obtener más información sobre el TPS de Honduras y Nicaragua Esta extensión automática representa un alivio temporal, pero importante, para miles de hondureños y nicaragüenses que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos bajo TPS. Tanto empleados como empleadores deben mantenerse informados y cumplir con las indicaciones de USCIS para evitar errores que puedan poner en riesgo el estatus migratorio o el cumplimiento legal del empleo. Si tienes dudas sobre cómo demostrar la validez de tu permiso de trabajo, o eres empleador y necesitas orientación para manejar esta extensión correctamente, te invitamos a comunicarte con nuestro equipo legal . Estamos aquí para ayudarte.

Beneficiarios de TPS de Honduras cuentan con diferentes opciones legales para mantener su estatus legal y ajustar a una residencia permanente. El Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras está programado para vencer el 5 de septiembre de 2025, según información oficial publicada por el Departamento de Seguridad Nacional. Este programa ha ofrecido protección contra la deportación y permisos de trabajo a miles de hondureños desde 1999. Con su vencimiento cada vez más cerca, muchos beneficiarios enfrentan la incertidumbre de quedarse sin estatus migratorio legal en Estados Unidos. Permanecer en el país sin estatus puede tener graves consecuencias. Las personas pueden ser puestas en procesos de deportación, perder su permiso de trabajo y comenzar a acumular presencia ilegal, lo que puede cerrarles la puerta a beneficios migratorios futuros. Aunque algunos ya tienen otros trámites migratorios pendientes, muchas personas dependen únicamente del TPS como protección. Este artículo tiene como objetivo orientar sobre las opciones legales disponibles para permanecer en Estados Unidos y, eventualmente, ajustar su estatus a residencia permanente. Es importante destacar que cada caso es diferente y este contenido no sustituye la orientación legal de un abogado de inmigración. Explora tus opciones legales para ajustar el estatus. Acumular presencia ilegal puede traer consecuencias negativas al futuro de tu caso migratorio. Visa de Inversionista E-2 Muchos hondureños con TPS han vivido más de 20 años en el país, han construido negocios y generado empleos. Si la persona tiene nacionalidad de un país con tratado de comercio con EE. UU., como Honduras, puede aplicar a la visa E-2 con una inversión mínima. Esta visa permite vivir y trabajar legalmente en el país junto con su familia. No requiere patrocinador y puede ser una excelente opción para quienes ya tienen negocios establecidos. Eso sí, la persona no debe haber acumulado presencia ilegal y debe haber ingresado legalmente. Aunque esta visa no otorga residencia directa, sí permite solicitarla en el futuro si se cumplen ciertos requisitos. Asilo Político El asilo sigue siendo una opción válida para muchas personas, incluso si han vivido por más de un año en Estados Unidos. Aunque el asilo generalmente debe solicitarse dentro del primer año de entrada, hay excepciones cuando se presentan cambios materiales en el país de origen. Por ejemplo, si existen nuevas amenazas o represión por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social particular, como puede ser el caso de mujeres víctimas de violencia o personas LGBTIQ+, el solicitante puede presentar una petición válida. Es fundamental demostrar que existe un temor creíble de persecución basado en hechos actuales y documentados en Honduras. El asilo político te brinda un estatus legal y protege de la deportación. Consulta con un especialista si eres elegible. Peticiones Familiares y Laborales Otra vía para ajustar el estatus es mediante una petición familiar o laboral. Si un familiar ciudadano o residente permanente presenta una petición I-130 y esta es aprobada, se puede abrir la puerta al ajuste de estatus. Lo mismo ocurre si un empleador realiza una petición I-140. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mientras estos procesos están pendientes, la persona no cuenta con protección automática contra la deportación y puede estar acumulando presencia ilegal si no tiene otro estatus migratorio vigente. Por ello, es crucial revisar cada caso con un abogado para no perder oportunidades por detalles técnicos. Visa U y Visa VAWA Existen otras opciones legales, como la Visa U, destinada a personas que han sido víctimas de delitos en EE. UU. y han cooperado con la policía. También está la visa VAWA, que protege a personas víctimas de violencia doméstica por parte de un ciudadano o residente permanente. Estas vías permiten obtener estatus legal y eventualmente la residencia, y muchas personas no saben que califican. Es importante evaluarlo con un abogado especializado. Algunos beneficiarios del TPS han utilizado el permiso anticipado (Advance Parole) para salir y reingresar legalmente a Estados Unidos. Este reingreso puede ser clave para ajustar estatus desde dentro del país, evitando así la necesidad de salir a una entrevista consular en Honduras. Tener una entrada legal abre oportunidades para quienes ahora tienen peticiones familiares o laborales aprobadas y desean obtener su residencia sin salir del país. El fin del TPS no significa que todo está perdido. Existen distintas opciones legales que pueden ser consideradas dependiendo de cada situación particular. Lo más importante es actuar a tiempo y buscar asesoría profesional para evaluar las mejores alternativas. No esperes al último momento: mantener tu estatus legal puede abrir el camino hacia la residencia permanente para ti y tu familia.

USCIS desestima solicitudes de asilo afirmativo al alegar erróneamente que los solicitantes tienen órdenes previas de remoción expedita, dejando a muchos inmigrantes en una situación legal incierta y vulnerable. La División de Asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha comenzado a desestimar solicitudes de asilo afirmativo (Formulario I-589) alegando que algunos solicitantes tienen órdenes previas de remoción expedita (Formulario I-860), aun cuando muchos de ellos nunca fueron puestos formalmente en ese tipo de proceso. Según reportes recopilados por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), numerosos solicitantes que ingresaron al país y fueron puestos bajo procedimientos regulares de deportación o incluso liberados bajo parole, están recibiendo notificaciones de desestimación de sus casos por parte de USCIS. Esta acción los deja en una situación de gran vulnerabilidad: sin protección legal inmediata, en riesgo de detención, y sin posibilidad de que su solicitud sea evaluada en un entorno no adversarial. Históricamente, el gobierno federal había reconocido que una persona con una solicitud de asilo pendiente estaba en un “periodo de estadía autorizado”, y no se le consideraba deportable por el solo hecho de no tener otro estatus migratorio. Esta interpretación permitía que los solicitantes permanecieran en el país mientras esperaban una decisión sobre su caso. Sin embargo, esta práctica parece estar cambiando bajo la actual administración. Lo más preocupante es que en muchos de estos casos ni siquiera existe documentación oficial que respalde la existencia de una orden de remoción expedita. En consecuencia, los solicitantes deben ahora enfrentar procedimientos defensivos en corte o solicitar una entrevista de miedo creíble (CFI), como si nunca hubieran comenzado el proceso de asilo afirmativo. ¿Qué representa esta situación y qué se debe hacer? Desde el punto de vista legal, esta práctica de USCIS plantea serias preocupaciones. Las regulaciones federales son claras en establecer que USCIS tiene jurisdicción inicial sobre las solicitudes de asilo afirmativo presentadas por personas físicamente presentes en el país y que no han sido referidas a una corte migratoria mediante un Formulario I-862 (NTA). Si USCIS ha aceptado una solicitud y emitido un recibo de procesamiento, su competencia está establecida, y desestimar el caso posteriormente por una supuesta falta de jurisdicción sin base documental válida podría constituir una violación del debido proceso. Además, al dejar al solicitante sin opciones claras y sin la protección mínima durante el proceso, se abre la puerta a detenciones arbitrarias y a la posible deportación de personas que aún no han tenido su día en corte. Esto no solo socava la integridad del sistema de asilo, sino que también contradice el principio fundamental de que nadie debe ser devuelto a un país donde su vida o libertad corran peligro. Es esencial estar atentos, monitorear frecuentemente sus cuentas en USCIS, obtener copias de sus expedientes (FOIA), y prepararse estratégicamente para solicitar una entrevista de miedo creíble si fuera necesario. Como abogados de inmigración, debemos alzar la voz ante estas prácticas y recurrir a todas las vías legales para defender los derechos de quienes buscan protección.

Corte federal de apelaciones declaró inconstitucional la orden ejecutiva de Trump que intentaba restringir la ciudadanía por nacimiento, reafirmando el derecho garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución y protegiendo a hijos de inmigrantes nacidos en el país. Imagen cortesía de la Casa Blanca. “President Trump Signs Executive Orders in the Oval Office on February 25, 2025.” Disponible en: https://www.whitehouse.gov/gallery/president-trump-signs-executive-orders-in-the-oval-office-on-february-25-2025/ . Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0). La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco emitió este miércoles un fallo determinante que invalida la orden ejecutiva del presidente Donald Trump con la que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos. En una decisión dividida 2 a 1, el tribunal concluyó que esta política viola la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. El fallo también mantiene el bloqueo nacional de la orden, una medida que había sido cuestionada por el Tribunal Supremo en junio al limitar el uso de medidas cautelares universales (injunctions) por parte de tribunales inferiores. Sin embargo, la Corte Suprema dejó espacio para excepciones, lo que permitió que jueces en otros estados, como New Hampshire, continuaran emitiendo bloqueos nacionales en casos específicos, como demandas colectivas. Los jueces del Noveno Circuito sostuvieron que permitir que la orden ejecutiva entrara en vigor en algunas jurisdicciones pero no en otras generaría consecuencias perjudiciales para los estados demandantes, Washington, Arizona, Illinois y Oregón, al obligarlos a modificar sus programas sociales y registros civiles en respuesta a ciudadanos que ya no serían reconocidos como tales bajo la nueva norma. “Es imposible evitar este daño sin una aplicación uniforme de la cláusula de ciudadanía en todo el país”, escribió el juez Ronald Gould en la opinión mayoritaria. La decisión ratifica el fallo previo del juez federal John Coughenour, quien ya había calificado la orden ejecutiva como “flagrantemente inconstitucional”. La postura fue respaldada por el juez Michael Hawkins, mientras que el juez Patrick Bumatay, designado por Trump, disintió al considerar que los estados no tenían fundamento legal para presentar la demanda y que el caso representaba un ejemplo de “extralimitación judicial”. La Casa Blanca reaccionó con desacuerdo, anticipando una apelación ante el pleno del Noveno Circuito o directamente ante la Corte Suprema, donde se espera que el tema sea finalmente resuelto. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para el futuro de la ciudadanía por nacimiento? Este fallo reafirma uno de los principios más fundamentales del sistema jurídico estadounidense: la ciudadanía por nacimiento, establecida en la Enmienda 14, no puede ser modificada mediante una orden ejecutiva. La decisión protege los derechos de miles de niños nacidos en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. En la práctica, esta victoria jurídica frena temporalmente una política que hubiera provocado consecuencias devastadoras para muchas familias inmigrantes, generando incertidumbre en la emisión de documentos civiles, acceso a beneficios públicos, y elegibilidad para futuras solicitudes migratorias. Además, fortalece la doctrina del “ jus soli ” (derecho de suelo), aún vigente en Estados Unidos, como un principio constitucional inviolable. Es importante destacar que aunque este fallo representa una barrera significativa para la administración Trump, el caso aún puede ser llevado ante la Corte Suprema. De hacerlo, se abriría una batalla judicial crucial que definirá los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y la interpretación del derecho a la ciudadanía. Mientras tanto, este precedente envía un mensaje claro: ningún presidente puede redefinir quién es estadounidense por nacimiento sin pasar por el debido proceso legislativo y sin respetar la Constitución.

El One Big Beautiful Bill Act propone una reforma migratoria restrictiva que amplía la detención, eleva tarifas y limita beneficios para inmigrantes en EE.UU. Imagen cortesía de la Casa Blanca. Disponible en: https://www.whitehouse.gov  (Foto original: P20250626MR-0637 ). Licencia: Creative Commons Attribution 3.0 (CC BY 3.0). El One Big Beautiful Bill Act  representa una de las propuestas legislativas más amplias y agresivas en materia migratoria presentadas en los últimos años. Impulsado por legisladores republicanos, este paquete busca reformar el sistema de inmigración con un enfoque fuertemente centrado en la seguridad fronteriza, la expansión de la detención y deportación, el aumento de tarifas migratorias, y la restricción de beneficios públicos a inmigrantes. Aumento sin precedentes en el financiamiento para ICE, CBP y defensa Una de las características más sobresalientes del OBBBA es la asignación de aproximadamente 170 mil millones de dólares en nuevos fondos para agencias encargadas de la seguridad nacional e inmigración como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este financiamiento se extendería desde 2025 hasta 2029. Este presupuesto multiplicaría casi por diez los recursos actuales de ICE, permitiendo una expansión masiva de su personal, infraestructura, y operaciones. La propuesta incluye más de 45 mil millones de dólares destinados exclusivamente a la ampliación de centros de detención, así como otros 46 mil millones para la construcción de muros fronterizos, tecnología de vigilancia y sistemas de control biométrico. La lógica detrás de estas cifras apunta a convertir la frontera en un espacio de vigilancia constante y de control militarizado. Expansión de las detenciones y deportaciones El proyecto establece el objetivo de duplicar la capacidad de detención de inmigrantes en el país. Actualmente, el sistema cuenta con alrededor de 41 mil camas para personas en procesos migratorios; sin embargo, el OBBBA planea expandir esta cifra a más de 100 mil, lo que lo convertiría en el sistema de detención migratoria más grande del mundo. Además, se contempla la contratación de más de 10 mil nuevos agentes de ICE, 3 mil agentes adicionales para la Patrulla Fronteriza y 5 mil oficiales para aduanas. Esta fuerza operativa permitiría aumentar considerablemente las redadas y las deportaciones, con estimaciones que sugieren la posibilidad de expulsar hasta un millón de personas al año. Este enfoque no distingue entre personas con antecedentes penales y aquellas que simplemente están en el país sin estatus legal. Mantente informado con nostoros No te pierdas el análisis legal de cada noticia Nuevas tarifas que encarecen los procesos migratorios El OBBBA también propone implementar una serie de tarifas elevadas para diversos trámites migratorios que hasta ahora eran gratuitos o de bajo costo. Por ejemplo, se contempla un cargo anual de $100 para solicitantes de asilo, $550 por permisos de trabajo (EAD), $900 por mociones para reabrir casos, $250 por solicitudes de visas no inmigrantes, y hasta $1,000 por solicitudes de parole humanitario. Estas tarifas representan un obstáculo significativo para miles de inmigrantes de bajos recursos que buscan regularizar su estatus o mantenerse protegidos mientras sus casos avanzan. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que esto creará una barrera económica que limita el acceso a la justicia migratoria y a la protección humanitaria. Restricciones a beneficios públicos para inmigrantes El proyecto también busca limitar el acceso de los inmigrantes a servicios y beneficios públicos. Propone eliminar el acceso a programas como SNAP (cupones de alimentos), Medicaid, el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), y el Crédito Tributario por Hijos para ciertas categorías de inmigrantes. Además, introduce requisitos laborales más estrictos para acceder a algunos programas. Por ejemplo, impone una obligación de trabajar al menos 80 horas mensuales a personas de entre 18 y 54 años para poder recibir asistencia alimentaria. Estas condiciones podrían dejar sin acceso a servicios básicos a muchas familias inmigrantes, incluso aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses. “It’s one big, beautiful bill to stop the invasion at our southern border.”   P residente Donald J. Trump Esta frase refleja el tono político y el enfoque restrictivo que impulsa la propuesta. Expansión del uso de tecnología biométrica y vigilancia El OBBBA propone una inversión considerable en tecnología de vigilancia, incluyendo el desarrollo de sistemas biométricos avanzados como el reconocimiento facial, huellas dactilares y análisis de voz. A esto se suma la creación de una plataforma centralizada denominada “ImmigrationOS”, diseñada para monitorear y cruzar información de millones de inmigrantes y solicitantes en tiempo real. También se destinarían más de 140 mil millones de dólares a la instalación de drones, torres de vigilancia, cámaras inteligentes, sensores de movimiento y otras herramientas tecnológicas a lo largo de la frontera. Estas medidas se complementan con la ampliación del programa 287(g), que permite la colaboración de agencias policiales locales y estatales con ICE para identificar y detener a inmigrantes sin estatus. ¿Qué cambia con respecto a las políticas anteriores? El OBBBA representa un cambio de paradigma con respecto a la política migratoria anterior. Mientras que administraciones pasadas, incluso conservadoras, habían mantenido ciertos canales de alivio migratorio, protección humanitaria y acceso a servicios públicos, este nuevo proyecto pone el énfasis casi exclusivo en la vigilancia, el castigo y la exclusión. Donde antes existía una lógica de balance entre control fronterizo y derechos humanos, el OBBBA instala un modelo punitivo: más detenciones, más deportaciones, más barreras económicas, y menos acceso a ayuda para personas en situación vulnerable. El One Big Beautiful Bill Act  plantea un escenario profundamente restrictivo para los inmigrantes en Estados Unidos. Si se aprueba, podría tener efectos devastadores sobre millones de personas, especialmente aquellas que ya enfrentan obstáculos legales, económicos o humanitarios. El proyecto no sólo endurece las reglas, sino que reestructura el sistema desde una perspectiva más excluyente, con menor sensibilidad hacia las necesidades humanas de quienes migran buscando protección, trabajo o reunificación familiar. Por tanto, representa una de las propuestas más controvertidas y regresivas en materia migratoria de las últimas décadas.

Los inmigrantes con ciertos antecedentes penales aún pueden calificar para un perdón migratorio, dependiendo de su caso y de cómo se interprete la ley aplicable. Para muchos inmigrantes que enfrentan cargos criminales o han sido condenados por delitos graves, la posibilidad de permanecer en los Estados Unidos puede parecer imposible. Sin embargo, la ley migratoria contempla ciertas exenciones y perdones que permiten a personas con antecedentes penales solicitar alivio migratorio, dependiendo del tipo de delito, su estatus migratorio, y otros factores humanitarios. A continuación, analizamos diferentes escenarios a partir de tres casos emblemáticos que han ayudado a definir los límites y oportunidades que ofrece el sistema migratorio estadounidense para quienes buscan un segundo chance. Perdón bajo la sección 209(c) del INA – Matter of L-T-P- (2016) Este caso involucró a un ciudadano cubano que ingresó al país como parte del éxodo del Mariel y fue etiquetado como “Cuban/Haitian Entrant”. Intentó ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano y también solicitó un perdón bajo la sección 209(c), que se reserva para asilados o refugiados. Sin embargo, el tribunal determinó que no calificaba como tal, ya que su entrada al país no fue formalmente como refugiado ni asilado. Lección legal:  No basta con tener una entrada humanitaria o estar etiquetado como “entrante” para acceder al perdón 209(c); se debe haber sido admitido formalmente como asilado o refugiado. Sin embargo, en este caso, se aclaró que una persona con este tipo de entrada aún podría intentar ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, si no es inadmisible por delitos graves. La doctrina categórica y delitos estatales – Natalia Lorena Cintron v. U.S. Attorney General (2018) Natalia Cintron, una residente permanente argentina, enfrentaba la deportación por una condena bajo el estatuto de narcóticos de Florida. El Departamento de Seguridad Nacional consideró que se trataba de un “aggravated felony” y la BIA confirmó esa decisión. Sin embargo, el 11º Circuito determinó que el estatuto estatal era demasiado amplio e indivisible, y que no podía considerarse automáticamente un delito grave bajo la ley federal de inmigración. Lección legal:  No todas las condenas por drogas, incluso si son serias a nivel estatal, califican como “aggravated felony” bajo la ley migratoria federal. Gracias a esta interpretación, muchas personas pueden seguir luchando por beneficios como la cancelación de remoción o la residencia permanente. Limitaciones del perdón 212(h) – Matter of Lanier En este caso, un inmigrante argentino fue deportado tras una condena por fraude electrónico, y luego intentó obtener un perdón bajo la sección 212(h). Aunque argumentó que su condena debía ser eximida, el perdón fue denegado porque él había sido admitido directamente como residente permanente en un puerto de entrada. El precedente del caso “Lanier” solo aplica a quienes ajustaron su estatus dentro del país, no a quienes fueron admitidos desde el inicio como residentes. Lección legal:  La sección 212(h) permite pedir un perdón por ciertos delitos, pero no está disponible para quienes fueron admitidos como residentes y luego cometieron un “aggravated felony”. Este impedimento se mantiene incluso si el ingreso ocurrió cuando el inmigrante era menor de edad. Los perdones migratorios por delitos son técnicamente posibles, pero están rodeados de restricciones legales muy específicas. La elegibilidad puede depender del tipo de delito, de cómo fue procesado a nivel estatal, del momento en que se obtuvo la residencia, y de la manera en que se ingresó al país. Cada caso debe ser evaluado individualmente por un abogado de inmigración con experiencia en derecho penal. Si tú o un ser querido enfrentan problemas migratorios por antecedentes penales, es fundamental consultar con un abogado que pueda revisar tu caso a fondo y determinar si puedes acceder a un perdón o beneficio migratorio.

Inmigración ha comenzado a imponer multas a inmigrantes, que deberán pagar miles de dólares si no abandonan el país tras recibir una orden de deportación. Monto de la multa recibida por una inmigrante que tenía una orden final de deportación.  Esta cifra refleja las sanciones impuestas por el gobierno a quienes no abandonan el país tras recibir una orden de remoción. El gobierno de los Estados Unidos ha retomado con fuerza una política que, aunque existe desde 1996, raramente se había aplicado: imponer multas civiles a inmigrantes que no abandonan el país  tras recibir una orden final de deportación. En este artículo, explicamos en qué consisten estas multas, a quiénes afectan y qué opciones legales existen para defenderse. Bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1324d, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está facultado para imponer multas diarias de hasta 998 dólares a quienes permanezcan en EE. UU. después de una orden final de deportación. Estas sanciones pueden acumularse con el tiempo, resultando en multas que superan el millón de dólares en algunos casos. Desde mediados de 2023, el DHS ha enviado miles de notificaciones a inmigrantes que no salieron del país dentro del plazo que establece su orden de salida. Según reportes, se han emitido más de 4,500 sanciones que suman más de 500 millones de dólares en total. Estas multas afectan a ciertos inmigrantes ¿Quiénes son? Estas multas están dirigidas principalmente a personas que: Recibieron una orden final de deportación por parte de un juez de inmigración. No salieron del país en el tiempo estipulado. No han presentado un recurso o defensa válida que suspenda la ejecución de la orden. Sin embargo, muchos de los afectados tienen solicitudes de asilo pendientes, órdenes cerradas administrativamente o están en espera de decisiones de USCIS. En esos casos, las multas pueden ser impugnadas. ¿Qué hacer si recibo una multa? Si recibes una notificación de multa por no salir del país tras una orden de deportación, no la ignores. Consulta de inmediato con un abogado de inmigración, ya que podrías tener opciones legales para apelar, solicitar un perdón o reabrir tu caso según tu situación actual. ¿Qué opciones tiene un inmigrante si recibe una multa? Si recibiste una carta del gobierno informándote que tienes una multa por “failure to depart” , no estás solo. Aquí te explicamos qué puedes hacer: 1. Consultar con un abogado de inmigración de inmediato Cada caso es diferente. Es esencial que un abogado revise si realmente existe una orden final activa o si hay una solicitud pendiente que suspende dicha orden. El abogado podrá: Verificar si la notificación es válida. Iniciar una moción para reabrir el caso si corresponde. Presentar evidencia de que no fue posible salir por razones médicas, familiares o humanitarias. Pedir la cancelación o reducción de la multa si se demuestra que fue un error. 2. Presentar una defensa escrita ante ICE El gobierno ofrece la oportunidad de responder por escrito antes de que la multa se haga definitiva. En esa respuesta, se puede incluir documentación, explicaciones legales y peticiones de revisión. 3. Utilizar la app CBP One para salir voluntariamente El DHS ha anunciado que quienes salgan del país voluntariamente utilizando la app CBP One podrían ser exonerados del pago de la multa y, además, recibir un bono de $1,000 dólares por su salida voluntaria. Esta medida busca incentivar salidas ordenadas y reducir litigios costosos. ¿Qué ocurre si ignoras esta multa? Ignorar la notificación puede generar consecuencias serias. El monto acumulado puede convertirse en una deuda federal sujeta a: Embargos de salario o cuentas bancarias. Restricciones para ajustar estatus en el futuro. Problemas con solicitudes de visa o residencia si algún día el inmigrante califica para aplicar. Las multas por no abandonar el país son una herramienta legal que el gobierno está utilizando con más frecuencia como parte de su estrategia migratoria. Sin embargo, existen vías legales para impugnarlas, reducirlas o evitarlas, especialmente si hay procesos pendientes o razones válidas por las que no se ha cumplido la orden de salida. Si recibiste una carta con una multa de inmigración o tienes dudas sobre tu estatus, te recomendamos contactar de inmediato a un abogado especializado. En nuestra oficina, revisamos tu caso en detalle y te ayudamos a tomar decisiones informadas para proteger tu futuro migratorio.

El despido de jueces de inmigración agrava la crisis de atrasos en las cortes migratorias y pone en riesgo el derecho al debido proceso de miles de inmigrantes. El reciente despido de 17 jueces de inmigración en 10 estados del país ha encendido las alarmas dentro del ya colapsado sistema judicial migratorio. La decisión, impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, ocurre en un momento crítico, cuando el número de casos pendientes en las cortes de inmigración supera los 3.5 millones, y miles de inmigrantes esperan durante años por una resolución a sus solicitudes de asilo, cancelación de deportación u otros alivios migratorios. Según confirmó el sindicato que representa a los jueces, la International Federation of Professional and Technical Engineers (IFPTE), 15 jueces fueron despedidos el viernes 12 de julio y otros dos el lunes siguiente, todos sin causa aparente. Estos magistrados se desempeñaban en cortes ubicadas en California, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Texas, Utah y Virginia. Despido de jueces en un sistema de inmigración sobrecargado La decisión resulta contradictoria, especialmente tras la autorización del Congreso para aumentar a 800 el número total de jueces migratorios como parte de un paquete legislativo que destina $3.3 mil millones para fortalecer el sistema judicial de inmigración. Actualmente, se estima que hay alrededor de 600 jueces activos. La contratación de nuevos jueces, sin embargo, puede tomar hasta un año, considerando los procesos de reclutamiento, verificación de antecedentes y capacitación especializada. En este contexto, despedir jueces en ejercicio no solo es contraproducente, sino que retrasa aún más los calendarios ya saturados de las cortes. Para muchas personas en proceso migratorio, esto significa reprogramaciones que pueden extenderse por meses o incluso años, con consecuencias legales y emocionales devastadoras. El impacto de las políticas de detención Estas acciones se dan mientras la administración Trump continúa su política de mano dura, realizando arrestos masivos en los alrededores de las cortes y limitando las oportunidades de defensa de los inmigrantes en procedimientos de remoción. Esta estrategia ha generado temor entre quienes deben presentarse a sus audiencias, temiendo ser detenidos incluso si tienen casos activos o permisos en trámite. Además, los despidos han encendido el debate sobre la independencia judicial dentro del sistema de inmigración, especialmente después de que el senador Dick Durbin denunciara que una de las juezas despedidas habría sido castigada por hablar con él durante una visita al tribunal de Chicago. Esta posible represalia plantea serias preocupaciones sobre la presión política en la administración de justicia migratoria. El despido masivo de jueces de inmigración no solo debilita el sistema judicial migratorio, sino que amenaza con aumentar el ya insostenible atraso de casos en las cortes. A pesar de la aprobación de un presupuesto récord para reforzar el sistema, estas acciones parecen ir en contra del objetivo de agilizar los procesos migratorios. La comunidad legal y migrante espera mayor transparencia, respeto a la independencia judicial y una estrategia coherente que priorice el debido proceso y la eficiencia en las cortes de inmigración. Si usted tiene un caso migratorio pendiente o ha recibido una notificación de audiencia, es fundamental consultar con un abogado especializado. En nuestra oficina, estamos comprometidos a brindarle el asesoramiento legal que necesita para enfrentar este complejo panorama.

Congresistas presentan proyecto de ley bipartidista nombrado la Ley Dignidad 2025 , que propone un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados en EE.UU. El 15 de julio, la congresista María Elvira Salazar (republicana por Florida), junto a un grupo de legisladores tanto republicanos como demócratas, presentó oficialmente en el Congreso una propuesta de ley bipartidista que podría marcar un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos. Se trata de la Ley Dignidad 2025, un proyecto que busca ofrecer un camino hacia la legalidad para millones de inmigrantes indocumentados que han vivido en el país durante años y que cumplan con ciertos requisitos. El objetivo: sacar de las sombras a quienes contribuyen a la economía y a sus comunidades, pero aún no cuentan con un estatus legal. Desde Legal en USA, hemos analizado esta propuesta y te explicamos sus puntos más importantes y cómo podría impactar a millones de inmigrantes y sus familias. Refuerzo fronterizo y cambios en el proceso de asilo La ley destina 10 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura en la frontera sur, además de aumentar el personal migratorio y agilizar el proceso de asilo. Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de que los casos de asilo se resuelvan en un plazo de 60 días, gestionados desde nuevos campus humanitarios. Además, se incluye una regla de “dos faltas”, que implica la deportación inmediata de personas que ingresen sin autorización en dos ocasiones, sin importar su situación humanitaria. El Programa Dignidad: protección temporal, pero no ciudadanía El eje central de la ley es el Programa Dignidad, que permitiría a inmigrantes indocumentados obtener un estatus legal temporal por 7 años si cumplen ciertos requisitos: Haber residido en EE.UU. desde antes del 31 de diciembre de 2020 No tener antecedentes penales graves Pagar $7,000 en restitución Estar trabajando o estudiando y contar con seguro médico Sin embargo, este estatus no ofrece un camino directo a la ciudadanía, aunque protege contra la deportación y permite trabajar legalmente. Aunque representa una oportunidad para miles de familias, es importante entender que no se trata de una solución permanente. El inmigrante permanecerá en un estatus temporal sin garantía de residencia o ciudadanía. Buenas noticias para Dreamers y familias militares La propuesta incluye una versión del Dream Act, que otorgaría residencia condicional a los jóvenes traídos al país cuando eran niños, conocidos como “Dreamers”. También se contempla alivio para familias con miembros en las fuerzas armadas. Esta es una de las partes más esperanzadoras de la ley. Podría ofrecer, por fin, un camino legal a miles de jóvenes que han vivido toda su vida en EE.UU. Modernización del sistema legal de inmigración La ley propone reformas clave para reducir los atrasos y modernizar el sistema: Aumenta los límites por país en el otorgamiento de residencias Mejora el acceso a visas de estudiante (F-1) y de trabajo Ofrece residencia a médicos, trabajadores esenciales y doctores en áreas STEM Estas medidas benefician tanto al país como a las comunidades inmigrantes. Ayudan a unir familias y a retener profesionales altamente calificados. La Ley Dignidad 2025 podría significar un avance importante, pero también impone requisitos exigentes y no garantiza soluciones permanentes para todos. Como abogados de inmigración, recomendamos estar informados y consultar con un abogado su caso de inmigración para comenzar a buscar soluciones lo antes posible.

Estados Unidos intensifica las deportaciones a terceros países como Eswatini, en África, enviando migrantes sin vínculos con estas naciones. En una preocupante expansión de su política migratoria, la administración del expresidente Donald Trump ha deportado a cinco migrantes hacia Eswatini, una monarquía ubicada en el sur de África. Esta acción forma parte del controvertido programa de deportaciones a terceros países, que ha cobrado fuerza tras una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Los migrantes deportados son originarios de Vietnam, Yemen, Jamaica, Cuba y Laos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), todos ellos fueron calificados como delincuentes peligrosos cuyos países de origen se negaron a recibirlos. Las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre el momento exacto ni el lugar desde el cual fueron trasladados. Lo más alarmante de esta medida es que se ejecutó en un contexto de opacidad. El gobierno de Eswatini no ha confirmado si existe un acuerdo formal con Estados Unidos para recibir deportados, ni ha proporcionado información sobre la situación legal o el tratamiento que recibirán estas personas en su territorio. Organizaciones civiles del país africano han manifestado su preocupación, destacando la falta de transparencia y la posible vulneración de derechos humanos. Esta nueva ronda de deportaciones ocurre luego de que la Corte Suprema levantara una orden judicial que limitaba el envío de inmigrantes a países donde no se les garantiza seguridad. La decisión abre la puerta a que las autoridades migratorias estadounidenses trasladen a personas, incluso con casos pendientes o protección activa, a países donde corren riesgo de persecución o violencia. Desde el punto de vista legal, las implicaciones son serias. La deportación a un tercer país, especialmente cuando no existe una relación directa entre el migrante y la nación receptora, puede violar principios básicos del debido proceso y del derecho internacional humanitario. Además, muchas de estas deportaciones se llevan a cabo con poco o ningún aviso previo, lo que dificulta a los abogados y a las familias preparar una defensa adecuada. En este escenario, es fundamental que quienes se encuentren en proceso de deportación o con órdenes finales no ejecutadas consulten a un abogado de inmigración lo antes posible. La asesoría legal oportuna puede marcar la diferencia entre una defensa sólida y una remoción injusta. Nuestro equipo legal está comprometido con la defensa de los derechos de los inmigrantes y preparado para atender casos relacionados con deportaciones a terceros países. Si usted o un ser querido enfrenta una situación similar, no dude en comunicarse con nuestra oficina para recibir orientación legal inmediata.