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Inmigración ha comenzado a imponer multas a inmigrantes, que deberán pagar miles de dólares si no abandonan el país tras recibir una orden de deportación. Monto de la multa recibida por una inmigrante que tenía una orden final de deportación.  Esta cifra refleja las sanciones impuestas por el gobierno a quienes no abandonan el país tras recibir una orden de remoción. El gobierno de los Estados Unidos ha retomado con fuerza una política que, aunque existe desde 1996, raramente se había aplicado: imponer multas civiles a inmigrantes que no abandonan el país  tras recibir una orden final de deportación. En este artículo, explicamos en qué consisten estas multas, a quiénes afectan y qué opciones legales existen para defenderse. Bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1324d, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está facultado para imponer multas diarias de hasta 998 dólares a quienes permanezcan en EE. UU. después de una orden final de deportación. Estas sanciones pueden acumularse con el tiempo, resultando en multas que superan el millón de dólares en algunos casos. Desde mediados de 2023, el DHS ha enviado miles de notificaciones a inmigrantes que no salieron del país dentro del plazo que establece su orden de salida. Según reportes, se han emitido más de 4,500 sanciones que suman más de 500 millones de dólares en total. Estas multas afectan a ciertos inmigrantes ¿Quiénes son? Estas multas están dirigidas principalmente a personas que: Recibieron una orden final de deportación por parte de un juez de inmigración. No salieron del país en el tiempo estipulado. No han presentado un recurso o defensa válida que suspenda la ejecución de la orden. Sin embargo, muchos de los afectados tienen solicitudes de asilo pendientes, órdenes cerradas administrativamente o están en espera de decisiones de USCIS. En esos casos, las multas pueden ser impugnadas. ¿Qué hacer si recibo una multa? Si recibes una notificación de multa por no salir del país tras una orden de deportación, no la ignores. Consulta de inmediato con un abogado de inmigración, ya que podrías tener opciones legales para apelar, solicitar un perdón o reabrir tu caso según tu situación actual. ¿Qué opciones tiene un inmigrante si recibe una multa? Si recibiste una carta del gobierno informándote que tienes una multa por “failure to depart” , no estás solo. Aquí te explicamos qué puedes hacer: 1. Consultar con un abogado de inmigración de inmediato Cada caso es diferente. Es esencial que un abogado revise si realmente existe una orden final activa o si hay una solicitud pendiente que suspende dicha orden. El abogado podrá: Verificar si la notificación es válida. Iniciar una moción para reabrir el caso si corresponde. Presentar evidencia de que no fue posible salir por razones médicas, familiares o humanitarias. Pedir la cancelación o reducción de la multa si se demuestra que fue un error. 2. Presentar una defensa escrita ante ICE El gobierno ofrece la oportunidad de responder por escrito antes de que la multa se haga definitiva. En esa respuesta, se puede incluir documentación, explicaciones legales y peticiones de revisión. 3. Utilizar la app CBP One para salir voluntariamente El DHS ha anunciado que quienes salgan del país voluntariamente utilizando la app CBP One podrían ser exonerados del pago de la multa y, además, recibir un bono de $1,000 dólares por su salida voluntaria. Esta medida busca incentivar salidas ordenadas y reducir litigios costosos. ¿Qué ocurre si ignoras esta multa? Ignorar la notificación puede generar consecuencias serias. El monto acumulado puede convertirse en una deuda federal sujeta a: Embargos de salario o cuentas bancarias. Restricciones para ajustar estatus en el futuro. Problemas con solicitudes de visa o residencia si algún día el inmigrante califica para aplicar. Las multas por no abandonar el país son una herramienta legal que el gobierno está utilizando con más frecuencia como parte de su estrategia migratoria. Sin embargo, existen vías legales para impugnarlas, reducirlas o evitarlas, especialmente si hay procesos pendientes o razones válidas por las que no se ha cumplido la orden de salida. Si recibiste una carta con una multa de inmigración o tienes dudas sobre tu estatus, te recomendamos contactar de inmediato a un abogado especializado. En nuestra oficina, revisamos tu caso en detalle y te ayudamos a tomar decisiones informadas para proteger tu futuro migratorio.

El despido de jueces de inmigración agrava la crisis de atrasos en las cortes migratorias y pone en riesgo el derecho al debido proceso de miles de inmigrantes. El reciente despido de 17 jueces de inmigración en 10 estados del país ha encendido las alarmas dentro del ya colapsado sistema judicial migratorio. La decisión, impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, ocurre en un momento crítico, cuando el número de casos pendientes en las cortes de inmigración supera los 3.5 millones, y miles de inmigrantes esperan durante años por una resolución a sus solicitudes de asilo, cancelación de deportación u otros alivios migratorios. Según confirmó el sindicato que representa a los jueces, la International Federation of Professional and Technical Engineers (IFPTE), 15 jueces fueron despedidos el viernes 12 de julio y otros dos el lunes siguiente, todos sin causa aparente. Estos magistrados se desempeñaban en cortes ubicadas en California, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Texas, Utah y Virginia. Despido de jueces en un sistema de inmigración sobrecargado La decisión resulta contradictoria, especialmente tras la autorización del Congreso para aumentar a 800 el número total de jueces migratorios como parte de un paquete legislativo que destina $3.3 mil millones para fortalecer el sistema judicial de inmigración. Actualmente, se estima que hay alrededor de 600 jueces activos. La contratación de nuevos jueces, sin embargo, puede tomar hasta un año, considerando los procesos de reclutamiento, verificación de antecedentes y capacitación especializada. En este contexto, despedir jueces en ejercicio no solo es contraproducente, sino que retrasa aún más los calendarios ya saturados de las cortes. Para muchas personas en proceso migratorio, esto significa reprogramaciones que pueden extenderse por meses o incluso años, con consecuencias legales y emocionales devastadoras. El impacto de las políticas de detención Estas acciones se dan mientras la administración Trump continúa su política de mano dura, realizando arrestos masivos en los alrededores de las cortes y limitando las oportunidades de defensa de los inmigrantes en procedimientos de remoción. Esta estrategia ha generado temor entre quienes deben presentarse a sus audiencias, temiendo ser detenidos incluso si tienen casos activos o permisos en trámite. Además, los despidos han encendido el debate sobre la independencia judicial dentro del sistema de inmigración, especialmente después de que el senador Dick Durbin denunciara que una de las juezas despedidas habría sido castigada por hablar con él durante una visita al tribunal de Chicago. Esta posible represalia plantea serias preocupaciones sobre la presión política en la administración de justicia migratoria. El despido masivo de jueces de inmigración no solo debilita el sistema judicial migratorio, sino que amenaza con aumentar el ya insostenible atraso de casos en las cortes. A pesar de la aprobación de un presupuesto récord para reforzar el sistema, estas acciones parecen ir en contra del objetivo de agilizar los procesos migratorios. La comunidad legal y migrante espera mayor transparencia, respeto a la independencia judicial y una estrategia coherente que priorice el debido proceso y la eficiencia en las cortes de inmigración. Si usted tiene un caso migratorio pendiente o ha recibido una notificación de audiencia, es fundamental consultar con un abogado especializado. En nuestra oficina, estamos comprometidos a brindarle el asesoramiento legal que necesita para enfrentar este complejo panorama.

Congresistas presentan proyecto de ley bipartidista nombrado la Ley Dignidad 2025 , que propone un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados en EE.UU. El 15 de julio, la congresista María Elvira Salazar (republicana por Florida), junto a un grupo de legisladores tanto republicanos como demócratas, presentó oficialmente en el Congreso una propuesta de ley bipartidista que podría marcar un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos. Se trata de la Ley Dignidad 2025, un proyecto que busca ofrecer un camino hacia la legalidad para millones de inmigrantes indocumentados que han vivido en el país durante años y que cumplan con ciertos requisitos. El objetivo: sacar de las sombras a quienes contribuyen a la economía y a sus comunidades, pero aún no cuentan con un estatus legal. Desde Legal en USA, hemos analizado esta propuesta y te explicamos sus puntos más importantes y cómo podría impactar a millones de inmigrantes y sus familias. Refuerzo fronterizo y cambios en el proceso de asilo La ley destina 10 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura en la frontera sur, además de aumentar el personal migratorio y agilizar el proceso de asilo. Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de que los casos de asilo se resuelvan en un plazo de 60 días, gestionados desde nuevos campus humanitarios. Además, se incluye una regla de “dos faltas”, que implica la deportación inmediata de personas que ingresen sin autorización en dos ocasiones, sin importar su situación humanitaria. El Programa Dignidad: protección temporal, pero no ciudadanía El eje central de la ley es el Programa Dignidad, que permitiría a inmigrantes indocumentados obtener un estatus legal temporal por 7 años si cumplen ciertos requisitos: Haber residido en EE.UU. desde antes del 31 de diciembre de 2020 No tener antecedentes penales graves Pagar $7,000 en restitución Estar trabajando o estudiando y contar con seguro médico Sin embargo, este estatus no ofrece un camino directo a la ciudadanía, aunque protege contra la deportación y permite trabajar legalmente. Aunque representa una oportunidad para miles de familias, es importante entender que no se trata de una solución permanente. El inmigrante permanecerá en un estatus temporal sin garantía de residencia o ciudadanía. Buenas noticias para Dreamers y familias militares La propuesta incluye una versión del Dream Act, que otorgaría residencia condicional a los jóvenes traídos al país cuando eran niños, conocidos como “Dreamers”. También se contempla alivio para familias con miembros en las fuerzas armadas. Esta es una de las partes más esperanzadoras de la ley. Podría ofrecer, por fin, un camino legal a miles de jóvenes que han vivido toda su vida en EE.UU. Modernización del sistema legal de inmigración La ley propone reformas clave para reducir los atrasos y modernizar el sistema: Aumenta los límites por país en el otorgamiento de residencias Mejora el acceso a visas de estudiante (F-1) y de trabajo Ofrece residencia a médicos, trabajadores esenciales y doctores en áreas STEM Estas medidas benefician tanto al país como a las comunidades inmigrantes. Ayudan a unir familias y a retener profesionales altamente calificados. La Ley Dignidad 2025 podría significar un avance importante, pero también impone requisitos exigentes y no garantiza soluciones permanentes para todos. Como abogados de inmigración, recomendamos estar informados y consultar con un abogado su caso de inmigración para comenzar a buscar soluciones lo antes posible.

Estados Unidos intensifica las deportaciones a terceros países como Eswatini, en África, enviando migrantes sin vínculos con estas naciones. En una preocupante expansión de su política migratoria, la administración del expresidente Donald Trump ha deportado a cinco migrantes hacia Eswatini, una monarquía ubicada en el sur de África. Esta acción forma parte del controvertido programa de deportaciones a terceros países, que ha cobrado fuerza tras una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Los migrantes deportados son originarios de Vietnam, Yemen, Jamaica, Cuba y Laos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), todos ellos fueron calificados como delincuentes peligrosos cuyos países de origen se negaron a recibirlos. Las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre el momento exacto ni el lugar desde el cual fueron trasladados. Lo más alarmante de esta medida es que se ejecutó en un contexto de opacidad. El gobierno de Eswatini no ha confirmado si existe un acuerdo formal con Estados Unidos para recibir deportados, ni ha proporcionado información sobre la situación legal o el tratamiento que recibirán estas personas en su territorio. Organizaciones civiles del país africano han manifestado su preocupación, destacando la falta de transparencia y la posible vulneración de derechos humanos. Esta nueva ronda de deportaciones ocurre luego de que la Corte Suprema levantara una orden judicial que limitaba el envío de inmigrantes a países donde no se les garantiza seguridad. La decisión abre la puerta a que las autoridades migratorias estadounidenses trasladen a personas, incluso con casos pendientes o protección activa, a países donde corren riesgo de persecución o violencia. Desde el punto de vista legal, las implicaciones son serias. La deportación a un tercer país, especialmente cuando no existe una relación directa entre el migrante y la nación receptora, puede violar principios básicos del debido proceso y del derecho internacional humanitario. Además, muchas de estas deportaciones se llevan a cabo con poco o ningún aviso previo, lo que dificulta a los abogados y a las familias preparar una defensa adecuada. En este escenario, es fundamental que quienes se encuentren en proceso de deportación o con órdenes finales no ejecutadas consulten a un abogado de inmigración lo antes posible. La asesoría legal oportuna puede marcar la diferencia entre una defensa sólida y una remoción injusta. Nuestro equipo legal está comprometido con la defensa de los derechos de los inmigrantes y preparado para atender casos relacionados con deportaciones a terceros países. Si usted o un ser querido enfrenta una situación similar, no dude en comunicarse con nuestra oficina para recibir orientación legal inmediata.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció oficialmente el fin del TPS para Honduras y Nicaragua, estableciendo que el estatus expirará el 6 de septiembre de 2025. Este lunes 7 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua. Esta decisión será publicada en el Registro Federal el martes 8 de julio de 2025, estableciendo que el beneficio concluirá de manera definitiva el próximo 6 de septiembre de 2025, exactamente 60 días después de su publicación. Este anuncio llega dos días después de la fecha oficial de expiración previamente establecida para ambos países, que era el 5 de julio de 2025, según la última extensión emitida por la administración anterior. Con esta acción, el DHS cumple con la formalidad de dar aviso en el Registro Federal, pero también pone fin a una etapa prolongada de protección migratoria para miles de personas originarias de Honduras y Nicaragua que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos por décadas bajo este estatus. ¿Qué es el TPS y por qué se elimina ahora? El TPS es un programa que otorga permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de países que atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Honduras y Nicaragua recibieron esta designación en 1999, tras el paso del huracán Mitch. Sin embargo, el gobierno actual argumenta que las condiciones que justificaron la protección ya no existen y que los beneficiarios deben prepararse para una salida ordenada del programa. Opciones para los beneficiarios del TPS La terminación del TPS para hondureños y nicaragüuenses implica que, a partir del 6 de septiembre de 2025, quienes estén amparados bajo este estatus ya no tendrán autorización de trabajo ni protección contra la deportación, salvo que cuenten con otra vía migratoria vigente. Algunas de las opciones disponibles para los beneficiarios que deseen permanecer legalmente en Estados Unidos incluyen: Iniciar o continuar procesos de ajuste de estatus si existe una petición familiar o laboral. Aplicar a visas humanitarias como la Visa U, VAWA o asilo, si cumplen con los requisitos. Considerar el matrimonio con un ciudadano estadounidense como vía para regularizar su situación. Es fundamental que cada persona consulte con un abogado de inmigración lo antes posible, ya que la salida del TPS no significa una deportación automática, pero sí representa un riesgo si no se toman acciones legales a tiempo. La terminación del TPS para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua marca un momento crítico para decenas de miles de familias. Es momento de actuar con información y estrategia. Buscar orientación legal profesional es la mejor herramienta para transitar este cambio y encontrar caminos viables hacia una residencia legal permanente en Estados Unidos.

La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es un derecho protegido por la Constitución desde 1868, pero una nueva orden ejecutiva busca limitar este beneficio para hijos de padres sin estatus legal permanente, generando un cambio significativo en las reglas actuales. La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es un derecho que se concede a cualquier persona que nace en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Este principio se conoce como "jus soli" , que significa "derecho de suelo" y ha sido una de las bases fundamentales del sistema de inmigración del país. Este derecho está consagrado en la XIV Enmienda de la Constitución de Estados Unidos , ratificada en 1868  tras la Guerra Civil, con el objetivo de garantizar la ciudadanía plena a los antiguos esclavos y sus descendientes. Desde entonces, este principio ha sido una pieza clave en la definición de quién es ciudadano estadounidense. La XIV Enmienda establece claramente: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residan." Esta disposición ha sido interpretada durante más de 150 años como la base legal que garantiza la ciudadanía automática a quienes nacen en suelo estadounidense. Sin embargo, la propia Constitución también contempla excepciones. Este derecho no se aplica a hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en Estados Unidos, ni a los hijos de miembros de gobiernos extranjeros que estén en el país en misiones oficiales. Estas personas no están consideradas bajo la jurisdicción total de Estados Unidos, y por ello sus hijos no adquieren la ciudadanía por nacimiento. Durante años, este derecho ha sido aprovechado por algunos extranjeros que viajan intencionalmente a Estados Unidos para dar a luz, con el objetivo de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Este fenómeno, conocido como "turismo de nacimiento" , ha generado amplios debates tanto en el ámbito político como social, especialmente en torno a las implicaciones legales, éticas y económicas de esta práctica. ¿Qué cambia con la Orden Ejecutiva para terminar el derecho de ciudadanía por nacimiento? En 2025, la administración actual emitió una orden ejecutiva que busca limitar el alcance de la ciudadanía por nacimiento en ciertos casos. Aunque esta orden enfrenta desafíos legales y su implementación completa aún está en disputa, la propuesta establece criterios específicos sobre quiénes pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos nacidos en territorio estadounidense. Por ejemplo, si un bebé nace de dos padres que no tienen estatus permanente legal  en Estados Unidos, la orden establece que no se le otorgará la ciudadanía automáticamente . Esto significa que el niño no tendría derecho a un pasaporte estadounidense ni a los beneficios federales asociados con la ciudadanía. No existe una orientación específica para el caso de que los padres no tengan un estatus legal permanente, pero cuentan con un proceso migratorio pendiente , como un caso de asilo, visa U, TPS u otros procesos de alivio migratorio. Sin embargo, se espera que el niño pueda ser incluido en el proceso de los padres o beneficiarse de futuros ajustes migratorios en caso de que el caso sea aprobado. En cambio, si uno o ambos padres son residentes permanentes legales o ciudadanos estadounidenses , el bebé sí adquirirá la ciudadanía estadounidense al nacer , manteniendo así el derecho que históricamente se ha reconocido. El hecho de que uno de los padres sea residente permanente es suficiente para que se garantice este derecho. En conclusión, la ciudadanía por nacimiento ha sido un pilar central del sistema constitucional estadounidense durante más de siglo y medio. La nueva orden ejecutiva representa un intento de modificar la interpretación de este derecho fundamental, pero su validez y aplicación enfrentan fuertes cuestionamientos legales. Es fundamental que las familias comprendan cómo su estatus migratorio puede influir en los derechos de sus hijos nacidos en Estados Unidos y busquen asesoría legal especializada para enfrentar este panorama en constante cambio.

La salida voluntaria en Estados Unidos permite a ciertos inmigrantes evitar una orden de deportación, proteger su récord migratorio y conservar la posibilidad de regresar legalmente en el futuro sin restricciones. En medio del aumento de las detenciones migratorias en Estados Unidos, una preocupación recurrente entre las personas que han sido llevadas a centros de detención es la aparición de un documento que les ofrecen firmar con la promesa de que podrán salir del país sin problemas y, además, podrán regresar legalmente en el futuro sin restricciones. Muchas personas se enfrentan a este dilema con miedo y desconfianza, ya que no comprenden exactamente lo que estarían firmando ni las implicaciones que esto podría tener para su futuro migratorio. La pregunta es clara: ¿Existe realmente un documento que te permita salir de Estados Unidos sin una orden de deportación y regresar legalmente más adelante? La respuesta es que sí, y ese documento se llama Salida Voluntaria. Qué es la Salida Voluntaria La salida voluntaria es un beneficio migratorio que permite a una persona en proceso de deportación salir de Estados Unidos por sus propios medios y dentro de un plazo determinado, evitando así que quede en su expediente una orden formal de deportación. Esto significa que la persona no está siendo expulsada por el gobierno, sino que toma la decisión de salir voluntariamente, lo cual tiene consecuencias muy diferentes desde el punto de vista legal y migratorio. Ventajas de la Salida Voluntaria Una de las grandes ventajas de la salida voluntaria es que no genera una orden de deportación en el historial de la persona. Esto es fundamental porque una deportación trae consigo prohibiciones severas para regresar a Estados Unidos, que pueden ser de cinco, diez años o incluso de manera permanente, dependiendo del caso. En cambio, al aceptar la salida voluntaria, la persona mantiene la posibilidad de regresar legalmente en el futuro a través de una petición familiar, una visa de trabajo u otra vía legal permitida. Esta opción protege el expediente migratorio de la persona y le permite no cerrar por completo las puertas a futuras oportunidades en Estados Unidos. Implicaciones y Riesgos de la Salida Voluntaria Sin embargo, la salida voluntaria también tiene implicaciones importantes. En primer lugar, la persona debe salir del país con sus propios recursos, lo que significa que debe pagar su boleto y cubrir todos los gastos relacionados con su salida. Además, es crucial cumplir con el plazo que el juez de inmigración establece. Si la persona no abandona el país dentro de ese tiempo, la salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de deportación, lo cual activa las penalidades y restricciones habituales, incluyendo multas y la prohibición de regresar durante varios años. Antes de firmar una salida voluntaria, asegúrate de haber explorado todas tus opciones legales para permanecer en Estados Unidos, ya que una vez fuera, tus posibilidades de ajustar estatus se reducen drásticamente. Tipos de Salida Voluntaria Existen dos tipos de salida voluntaria. La primera es la salida voluntaria previa a la conclusión del caso, conocida como pre-conclusión. Esta debe solicitarse antes o durante la primera audiencia ante el juez de inmigración. Es considerada la más sencilla de obtener, ya que implica que la persona reconoce no tener un estatus legal en Estados Unidos y está dispuesta a retirar cualquier otra solicitud pendiente, demostrando además que posee los recursos económicos para salir y que tiene buena conducta moral. La segunda es la salida voluntaria posterior a la conclusión del caso, o post-conclusión, que se solicita al final del proceso migratorio cuando ya se ha determinado que la persona no califica para otro tipo de alivio migratorio. Esta modalidad es más compleja, ya que requiere que la persona haya estado en Estados Unidos por lo menos un año antes de recibir el aviso de comparecencia (NTA), además de pagar una fianza mínima de 500 dólares, demostrar buena conducta moral durante al menos cinco años y tener la capacidad financiera para salir del país. Quiénes No Califican para la Salida Voluntaria Es importante destacar que no todas las personas califican para la salida voluntaria. Aquellas que han sido condenadas por delitos graves, conocidos como "aggravated felony", no son elegibles para este beneficio. Además, es necesario contar con un pasaporte vigente o un documento de viaje que demuestre que la persona puede ser admitida en su país de origen, así como presentar pruebas de arraigo, buena conducta y capacidad económica. Evaluar Antes de Firmar: ¿Es la Mejor Opción? Antes de tomar la decisión de aceptar una salida voluntaria, es fundamental que la persona analice si tiene alguna posibilidad de ajustar su estatus dentro de Estados Unidos. Esto es muy importante porque, una vez que la persona sale del país, las oportunidades para regularizar su situación migratoria se reducen considerablemente, quedando limitadas generalmente a peticiones familiares desde el exterior o solicitudes de visas de empleo, las cuales no están disponibles para todos. Por todo lo anterior, es crucial aclarar que este artículo es meramente informativo y no constituye asesoría legal. Cada caso migratorio es único, y lo que puede ser una buena opción para una persona podría no serlo para otra. Por ello, se recomienda que, antes de tomar cualquier decisión sobre su situación migratoria, consulte con un abogado especializado en inmigración que pueda ofrecerle una orientación adecuada a su caso específico.

La Corte Suprema de EE.UU. limita el alcance de las órdenes judiciales federales, pero aclara que la decisión no elimina ni modifica la ciudadanía por nacimiento protegida por la Constitución. El 27 de junio de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión significativa que limita el poder de los jueces federales para bloquear políticas del Ejecutivo a nivel nacional. Aunque esta decisión está relacionada con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, es importante destacar que el fallo no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de dicha orden . ¿Qué decidió la Corte Suprema en el caso de la ciudadanía por nacimiento? En una votación de 6 a 3, la Corte Suprema determinó que los jueces federales no pueden emitir medidas cautelares con efecto en todo el país, sino que sus decisiones deben aplicarse únicamente a las partes involucradas en el caso. Esta resolución debilita una herramienta clave que se utilizaba para frenar políticas ejecutivas a nivel nacional. ¿Qué implica esto para la ciudadanía por nacimiento? La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero de 2025, busca negar la ciudadanía automática por nacimiento a niños cuyos padres estén en el país ilegalmente o con visas temporales. Aunque esta orden fue bloqueada por varios jueces federales, la reciente decisión del Supremo permite que la orden entre en vigor parcialmente en ciertas regiones, mientras continúan los desafíos legales. Si necesitas ayuda con tu caso de inmigración, Legal en USA te ayuda a encontrar el camino correcto hacia la ciudadanía. ¿Cuál es la situación actual? La decisión de la Corte Supremo no invalida la ciudadanía por nacimiento  ni modifica la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, al limitar el alcance de las medidas cautelares, facilita la implementación de políticas ejecutivas controvertidas en partes del país, mientras se resuelven las disputas legales. Es esencial comprender que la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho constitucional vigente, y cualquier cambio significativo requeriría una enmienda constitucional o una decisión directa del Tribunal Supremo sobre el fondo del asunto.

Estados Unidos firma acuerdos con Guatemala y Honduras para enviar solicitantes de asilo a esos países como terceros seguros, buscando reducir las solicitudes en territorio estadounidense. Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem participates in a Law Enforcement Roundtable with key state and local law enforcement leaders, May 16, 2025. (DHS photo by Tia Dufour/Released) En un anuncio de gran relevancia para la política migratoria de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó este jueves que Guatemala y Honduras han firmado acuerdos con el gobierno estadounidense para recibir a migrantes que buscan asilo, los cuales de otro modo solicitarían refugio en Estados Unidos. Este nuevo acuerdo, anunciado al cierre de la visita oficial de Noem a Centroamérica, expande los esfuerzos de la administración Trump para acelerar las deportaciones y ofrecer alternativas al asilo en territorio estadounidense. Según Noem, estas negociaciones llevaban meses en desarrollo bajo presión diplomática por parte del gobierno de EE.UU. hacia ambos países centroamericanos. “Honduras y ahora Guatemala serán países que recibirán a estas personas y les ofrecerán estatus de refugiados”, afirmó Noem. “Nunca hemos creído que Estados Unidos deba ser la única opción. Lo importante es que los refugiados tengan un lugar donde puedan estar seguros y protegidos del peligro que enfrentan en sus países de origen. No necesariamente debe ser en Estados Unidos.” Qué Implican Estos Acuerdos Estos acuerdos, conocidos como "país seguro o tercer país seguro", permiten que EE.UU. declare a ciertos solicitantes de asilo como inelegibles para permanecer en su territorio y, en su lugar, puedan ser enviados a Guatemala o Honduras para buscar protección allí. No es la primera vez que se implementan este tipo de acuerdos. Durante el primer mandato del expresidente Donald Trump, se firmaron acuerdos similares con Honduras, El Salvador y Guatemala. Aunque en la práctica, estos generaron controversias debido a que esos mismos países enfrentaban crisis de violencia, pobreza extrema y sistemas de asilo con recursos muy limitados. Panorama Regional: México y Otros Países Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró recientemente que México no firmará un acuerdo de tercer país seguro, aunque reconoció que, por razones humanitarias, su gobierno ha recibido a más de 5,000 migrantes de otros países deportados desde EE.UU. desde que Trump asumió nuevamente la presidencia. Por otro lado, Panamá y Costa Rica también mantienen acuerdos con Estados Unidos para aceptar migrantes de terceros países, aunque en números limitados. Solo en febrero, EE.UU. envió 299 migrantes a Panamá y menos de 200 a Costa Rica. Impacto de los Nuevos Acuerdos Estos nuevos acuerdos proporcionan al gobierno de Estados Unidos más opciones para gestionar a los migrantes que llegan, especialmente aquellos provenientes de países con los que no existen acuerdos bilaterales de repatriación directa o donde devolverlos resulta complicado. Sin embargo, persisten grandes interrogantes sobre la capacidad real de Honduras y Guatemala para brindar protección efectiva a los solicitantes de asilo, considerando que ambos países continúan enfrentando sus propios desafíos en seguridad, pobreza y falta de infraestructura en sus sistemas de asilo. Este movimiento marca una intensificación clara de la política migratoria del gobierno estadounidense, priorizando la deportación y la reubicación de solicitantes de asilo hacia terceros países. A pesar de que se presenta como una medida para ofrecer más opciones de protección a los migrantes, organizaciones de derechos humanos advierten que podría agravar las condiciones de vulnerabilidad para miles de personas que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la implementación y alcance de estos acuerdos.

La inmigración en Estados Unidos alcanza un récord histórico con 59,000 personas bajo custodia, donde casi la mitad de las detenciones de ICE son de inmigrantes sin antecedentes criminales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha alcanzado un nuevo récord en su capacidad de detención, con aproximadamente 59,000 personas bajo custodia en todo el país , según datos internos obtenidos recientemente. Esta cifra representa el número más alto registrado en la historia del sistema de detención migratoria de Estados Unidos, superando el pico anterior de 55,000 detenidos en 2019. El aumento en las detenciones se produce en el contexto de la intensificación de las políticas migratorias de la actual administración, que ha priorizado la ejecución de órdenes de arresto a nivel nacional, no solo contra personas con antecedentes penales, sino también contra quienes se encuentran en el país de manera irregular sin historial criminal. Cifras que Preocupan: Más Allá de los Criminales Según los datos oficiales, el 47% de las personas actualmente detenidas por ICE no tienen antecedentes penales , y menos del 30% han sido condenadas por algún delito. Esto contrasta significativamente con la narrativa de priorizar la deportación de personas que representan amenazas para la seguridad pública. Históricamente, las prioridades de detención se enfocaban en individuos con condenas criminales serias, amenazas a la seguridad nacional o personas que habían cruzado la frontera recientemente. Sin embargo, las cifras actuales reflejan un cambio en el enfoque, donde prácticamente cualquier persona indocumentada se convierte en objetivo de las operaciones migratorias. Detenciones de ICE sobrepasan la capacidad del sistema El informe también revela que ICE opera actualmente a más del 140% de la capacidad financiada por el Congreso , que fue establecida en 41,500 camas. Esto ha obligado a la agencia a buscar alternativas para ampliar su capacidad, incluyendo la posibilidad de utilizar bases militares como centros de detención temporales y la construcción de nuevas instalaciones, como las propuestas en el estado de Florida. El crecimiento acelerado en la población detenida está generando preocupación entre expertos y defensores de los derechos humanos. Austin Kocher, profesor e investigador del sistema migratorio en la Universidad de Syracuse, advirtió que este aumento podría afectar seriamente las condiciones dentro de los centros de detención y comprometer el debido proceso que debe garantizarse a cada detenido. Más del 70% de las personas bajo custodia fueron arrestadas en operativos realizados dentro del país, una cifra que casi duplica el 40% que se registraba al finalizar la administración anterior. Esto refleja que las detenciones no están siendo impulsadas únicamente por cruces fronterizos, sino por una estrategia interna más agresiva. Además, la administración actual ha eliminado las restricciones previas que limitaban los operativos en centros de trabajo y ha reactivado redadas en sitios como plantas procesadoras de alimentos y otros lugares de empleo, aumentando significativamente los arrestos diarios. Implicaciones Legales y Humanitarias El incremento desmedido en las detenciones plantea serias preocupaciones legales y humanitarias. La expansión de la capacidad de detención sin un aumento proporcional en recursos legales y servicios básicos puede derivar en condiciones inadecuadas, violaciones a los derechos humanos y fallas en el acceso al debido proceso. Asimismo, organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que este tipo de operativos generan un clima de miedo en las comunidades, afectando no solo a quienes se encuentran en el país sin documentos, sino también a sus familias, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. El récord alcanzado por ICE con 59,000 personas detenidas, de las cuales casi la mitad no tienen antecedentes criminales, refleja un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos. Este giro hacia la detención masiva genera profundas interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos, las prioridades de la aplicación de la ley y las verdaderas metas de las políticas migratorias actuales. Ante este panorama, es más importante que nunca que las personas conozcan sus derechos y busquen asesoría legal adecuada. Comprender el funcionamiento del sistema y actuar con información puede ser clave para enfrentar de manera efectiva los desafíos que presenta la actual política migratoria.